El caso de Enilce López, alias 'La Gata', condenada a 39 años y 10 meses de prisión por parapolítica en adición al crimen del celador Amaury Fabián Ochoa, no ha sido el único que ha intentado escabullirse bajo el manto de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La señora López Romero es una mujer de 66 años, proveniente de una familia humilde del Naranjal, departamento de Sucre, y, junto con su esposo, un expolicía, pasó varios años viviendo del rebusque en las calles de Magangué, donde después se convirtió en prestamista, actividad que le permitió abrir un negocio de chance al que bautizó 'Apuestas permanentes el gato', con el que logró amasar una buena fortuna gracias a que el negocio creció aparentemente de manera fraudulenta en toda la costa Atlántica.
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En la medida en que aumentó su fortuna se fue vinculando con el Bloque Central Bolívar y Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia y financió varias campañas políticas, lo que le permitió tener control en su zona de influencia. El crecimiento desmesurado del capital de la que comenzó a conocerse como “La Gata”, fue investigado por la Fiscalía que descubrió que buena parte del origen de su dinero provenía de negocios ilícitos y fue sometida a la justicia.
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En 2011 fue condenada por el asesinato del vigilante en un peaje de Carmen de Bolívar y por vínculos con paramilitares. Desde entonces ha evadido ser encerrada en prisión y gracias a certificados médicos ha logrado permanecer en detención domiciliaria.
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Dos de sus hijos también han tenido que responder por delitos cometidos al amparo del paramilitarismo. Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, también fue condenado por delitos cometidos con apoyo de las autodefensas , y su otro hijo, Héctor Julio Alfonso López, igualmente señalado de parapolítica, está condenado a 29 años de cárcel por el homicidio del periodista Enrique Prins Velásquez e, hecho que ocurrió en febrero de 2005. Los dos están pidiendo también que sus casos, como el de su madre, pasen a la Justicia Especial para la Paz.
Pero no es solo la familia de Enilce del Rosario la que ha buscado aprovechar la coyuntura de la justicia especial. Nombres de reconocidos políticos como el excongresista Álvaro Ashton, llamado por la Corte Suprema por los supuestos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia; el exsenador Álvaro Alfonso ‘El Gordo’ García Romero -actualmente recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá- y David Char Navas, sobrino de Fuad Char, capturado por el CTI de la Fiscalía en 2017, son algunos de los casos más sonados de personas vinculadas con la parapolítica que aspiran a acogerse a la justicia transicional.
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"Una vez que Char Navas y Ashton Giraldo acrediten ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que cumplen con el régimen de condicionalidad, podrán ingresar a la JEP y solicitar los beneficios penales": expresó el presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes.En el caso de Ashton y Char la primera solicitud fue rechazada por la JEP en mayo de 2017 con el argumento de que los delitos por los cuales eran acusados no tenían vínculo alguno con el conflicto armado. Sin embargo, el pasado mes de agosto la Sala de Apelaciones de la JEP reversó la primera decisión y otorgó el derecho para someterse a ella siempre y cuando no tuvieran participación en nuevos actos delictivos. En caso de no seguir los parámetros que regulan este régimen de condicionalidad, perderán el tratamiento especial. Lo que sucedió con los excongresistas le abre la posibilidad a Enilce López de pasar a esta jurisdicción, y como ya lo anunció, se prevé que será una pelea de la gata y el ratón.
