Trece magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura deberán responder por el detrimento patrimonial de 3.421 millones de pesos. Los imputados se designaron en pequeños periodos de tiempo grandes sumas de dinero a sus pensiones. Algunos de los exmagistrados solo ejercieron como auxiliares en periodos de dos meses, tiempo por el que solo les correspondía una pensión inferior a los 4 millones de pesos y terminaron otorgándoseles una de casi 13 millones.
Casos como el del magistrado Álvaro Rojas Mayorquín, quien trabajó como magistrado auxiliar del CSJ entre el 17 de julio y el 16 de agosto de 2009, y por su labor se le otorgaría una pensión de $3.928.000, terminó recibiendo $12.917.614. Rojas deberá responder por valor un valor de $283.201.015.
También fue imputada Petrona Perafan Ordóñez, quien ejerció como magistrado auxiliar del CSJ en el periodo del 3 de abril al 1 de julio de 2008, y le correspondía una pensión de $3.850.939, ascendió a un valor de $11.537.500. Perafan deberá responder por el detrimento de $471.629.081. Estos son algunos de los trece magistrados que están implicados en el “carrusel de pensiones”.
Estarían involucrados:
Julia Emma Garzón
Henry Villaraga Oliveros
Martha Patricia Zea Ramos
Temístocles Ortega Narváez
Cenaida Mejía Báez
Zilath Corrales Pérez
Constanza Margarita Navia de Ayala
Jaime Roberto Arteaga Caiza
Jesús Herrera Cortés
Jorge Iván Bravo Vélez
Margoth Castellanos Carrillo
