En una carta dirigida al presidente del Consejo de Estado, el procurador Alejandro Ordóñez denuncia supuestas presiones del Ejecutivo sobre el tribunal de lo contencioso administrativo para agilizar su destitución.
En la carta, Ordóñez dice: "El Consejo de Estado no es el problema, por el contrario, pienso que es la mejor garantía que estableció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Pero sí lo es la actitud del Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente Juan Manuel Santos, de pretender interferir en la libertad e independencia de magistrados que deben fallar la demanda de mi elección como Procurador."
Ordóñez agrega en esa carta que "es lamentable, que por razones políticas se pretenda romper el régimen constitucional al atacar la imparcialidad de consejeros de Estado con presiones o con la seducción de cargos públicos."
KienyKe.com reproduce una carta en la que el procurador Ordóñez expone sus ideas sobre una "injerencia indebida en el Consejo de Estado" para lograr su destitución.
Bogotá D. C.,
Doctor
LUIS RAFAEL VERGARA
Presidente
CONSEJO DE ESTADO
E.S.D.
Respetado señor Presidente:
Escuché atentamente sus declaraciones radiales del día de hoy. Como ciudadano, ex consejero y Procurador General de la Nación, profeso un enorme respeto por el Consejo de Estado. Conozco la integridad y la independencia de esa institución, así como la responsabilidad y el apego a la ley de la mayoría de los juristas que lo conforman. Son esos atributos los que le permiten a esa alta Corte actuar con imparcialidad y en aplicación estricta del orden jurídico. En eso, señor Magistrado, no tengo la menor duda.
La cuestión que se debate no es la transparencia de esa Corporación, como ladinamente y con el fin de desviar la atención, lo señala el Gobierno Nacional.
El Consejo de Estado no es el problema, por el contrario, pienso que es la mejor garantía que estableció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Pero sí lo es la actitud del Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente Juan Manuel Santos, de pretender interferir en la libertad e independencia de magistrados que deben fallar la demanda de mi elección como Procurador.
La democracia y el estado de derecho solo son posibles bajo el respeto absoluto a la Constitución y al sagrado principio de división de poderes. El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la misión constitucional de controlar los actos del Gobierno, por esa razón, quienes lo componen no pueden de modo alguno estar sometidos, influenciados, condicionados o bajo la órbita del mismo.
Es lamentable, que por razones políticas se pretenda romper el régimen constitucional al atacar la imparcialidad de consejeros de Estado con presiones o con la seducción de cargos públicos.
El pasado mes de mayo una importante cadena radial reveló al país el intenso lobby que estaría adelantando miembros del Gobierno Nacional ante algunos consejeros de Estado, con el propósito de que la sentencia anule mi elección como Procurador. ¿Qué es eso, sino una pretendida injerencia indebida en el Consejo de Estado?
También se me ha dicho de conductas de algunos Consejeros de Estado que comprometen su independencia y la pulcritud en este caso.
¿Cómo explicar, por ejemplo, las denuncias que en su momento hiciera el consejero Marco Velilla, sobre filtración de información por parte de una colega a los demandantes de mi elección? Denuncias ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Si es inaceptable que en un juzgado promiscuo del más alejado municipio del país se pueda filtrar información a los demandantes, cómo se puede calificar que eso ocurra en una alta magistratura.
Pero más grave es que a una familiar de esa misma consejera, ponente hoy de mí caso, se beneficie con un nombramiento por parte del Gobierno en el cuerpo diplomático en París. ¿Pura coincidencia?
Y ¿cómo explicar que a uno de los más entusiastas consejeros en contra del Procurador le nombren a una hija en el Gobierno Nacional?
O que en el primer semestre del año pasado un reconocido activista político del Polo Democrático, excandidato al Congreso, haya sido designado Magistrado Auxiliar en el despacho que conoce del proceso de nulidad contra mi elección. Y que tal designación se hiciera solamente por cerca de 4 meses con el único objetivo de cambiar y elaborar una nueva ponencia, esta vez favorable a las pretensiones del demandante.
Todos esos eventos son evidentes atentados políticos dirigidos a intentar afectar la independencia del Consejo Estado.
En esas gravísimas circunstancias, usted comprenderá, no puedo hacer nada diferente que defender la autonomía de la importante Corte que usted preside, ratificar mi confianza en la pulcritud en general de los consejeros y rechazar que el Ejecutivo quiera intervenir arbitrariamente, cualquiera sea el medio y método que emplee, en lo que debe ser una decisión estrictamente apegada a derecho.
Comprendo que al Gobierno Nacional le incomode y le mortifique mi dura posición de defensa del orden jurídico, los derechos de las víctimas, la justicia y la no impunidad, respecto al proceso de La Habana, pero, esa es la obligación constitucional impuesta al Procurador General de la Nación. El afán político del Presidente de la República no puede llegar al punto de pretender romper el estado derecho, someter a las cortes y violar el debido proceso, para sacudirse del ejercicio del control que le corresponde al Ministerio Público.
Tengo la confianza de que los honorables consejeros de Estado actuarán con un solo criterio: el respeto a la Constitución y no admitirán que el lobby gubernamental los afecte.
Atentamente,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
