Decenas de organizaciones ambientalistas, artistas y miles de ciudadanos, se tomaron las redes sociales este 8 de septiembre para protestar contra el megaproyecto del puerto de Tribugá, promovido por el gobernador del Chocó desde su campaña electoral, pero que según el Ministerio de Ambiente no ha sido avalado, ni tampoco existen proyectos en trámite que estén relacionados con la licencia ambiental de este lugar.
"Efectivamente en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no hay trámite alguno relacionado con el diagnóstico ambiental de alternativas del puerto de Tribugá, porque documentos no cumplían requerimientos para inicio de evaluación", aseguró la cartera de Ambiente, en respuesta a la etiqueta #NoAlPuertoDeTribugá que se convirtió en tendencia en Twitter.
Sin embargo, opiniones en contra de lo dicho por el MinAmbiente afirman que, a pesar que la Anla rechazó el diagnóstico ambiental presentado por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A., este grupo tendría un trámite abierto en esta entidad, tal y como lo señaló Daniela Durán, socióloga y miembro de la Alianza Nuquí, principales opositores del proyecto.
La discusión sobre el Golfo de Tribugá volvió a agitarse luego del llamado que hicieron los ambientalistas ante la propuesta del máximo mandatario de los chocoanos, Ariel Palacios, para declarar el puerto como una obra de utilidad pública e interés social.
"El Puerto de Tribugá NO es un proyecto que beneficie el interés general de la nación y mucho menos el bienestar colectivo de las comunidades. Esta obra no trae consigo un aumento significativo de la productividad y la competitividad de la economía nacional", advirtió la Alianza Nuquí, respaldados en datos de la ANI (2017) y Supertransportes (2019), los cuales afirman que la capacidad portuaria en Colombia se encuentra subutilizada en un 56 %.
Además, aseguran que declarar esta megaobra como un proyecto de utilidad pública implicaría la expropiación de territorios (según la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997) "inalienables, imprescriptibles e inembargables", que se encuentran dentro de los títulos colectivos de comunidades afrodescendientes (Ley 70 de 1993).
"Esto vulnera los derechos colectivos y territoriales de estas comunidades, que se encuentran reconocidos por la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otros", agregó la Alianza Nuquí.
Por otro lado, la eventual construcción de este megaproyecto podría impactar negativamente en casi 115 mil hectáreas de áreas protegidas, sin contar con la afectación al corredor migratorio de las 1.500 ballenas jorobadas que visitan esta zona cada año. Además, esta obra implica la pérdida de manglares, bosques, playas de anidación de tortugas y otros ecosistemas en un punto clave para la biodiversidad del mundo.
Cabe mencionar que entre los demás opositores al proyecto del puerto de Tribugá, están las comunidades de Nuquí, el Consejo Comunitario General Los Riscales, el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Norte (GICPA), los Cabildos Indígenas y otro gran número de organizaciones ambientalistas.
Falso desarrollo y sobreoferta portuaria
La operación del puerto “beneficiará e impactará el modo de vida de los pobladores del departamento del Chocó”, asegura un informe publicado por la CCM. Afirmación de la que William Naranjo, gerente general de la sociedad Arquímedes S.A, hace eco: "El puerto de Tribugá, dentro de la competitividad, no solamente le favorece al Chocó, no solamente le favorece a Colombia, también le favorece a todos los empresarios, productores, agricultores y a quienes se dedican a las actividades primarias. Hay que tener una mirada nacional sobre este proyecto que generará consecuencias importantes”.
Sobre el papel, estas versiones de progreso tienen un sustento técnico que, en la práctica, están bastante alejadas de la realidad, según algunos expertos.
Para no ir más lejos, basta con mirar el ejemplo de Buenaventura. La construcción de su puerto no necesariamente llevó a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De haber sido así, esta sería la ciudad más desarrollada del país. Sin embargo, es de las que tiene los peores indicadores de pobreza, necesidades básicas y desempleo.
Hoy, la tasa de desempleo en Buenaventura es de 30,4 %, muy superior al promedio nacional, que hoy es del 20,2 %.
