A pesar de toda la controversia por cuenta del mico en el Proyecto de Ley Anticorrupción, promovido por el representante de Cambio Radical César Augusto Lorduy Maldonado, este fue aprobado junto con el artículo que contempla sanciones y penas especiales para quién injurie o calumnie a cualquier funcionario o exfuncionario público. A pesar de que algunos congresistas hicieron una proposición para eliminar el polémico texto, esta perdió por 73 votos contra 51.
Se trata pues del artículo 68, que buscaba añadir a la Ley 599 de 2000 (por medio de la cual se expide el Código Penal) el articulado 221A, que decía: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Sin embargo, ese texto fue modificado tras varias proposiciones inicialmente de eliminación y luego de modificación, por medio de las cuales varios congresistas buscaron hacerle frente al articulado que pone en riesgo a la libertad de expresión y de prensa en Colombia. La derrotada iniciativa de eliminación fue adelantada por los representantes Inti Asprilla, Gabriel Santos, Mauricio Toro, María José Pizarro, Juan Fernando Reyes, Wilmer Leal y León Fredy Muñoz.
Finalmente, el texto quedó de la siguiente forma, con beneplácito del mismo Lorduy: "Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece".
Como bien se había advertido desde hace unos días en este mismo espacio, la iniciativa amenaza la capacidad de ciudadanos y medios de comunicación para presentar denuncias sobre el accionar cuestionable de funcionarios y exfuncionarios públicos. Además, como bien lo señaló la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), no se entienden los motivos de la “creación de un régimen especial o privilegiado”, cuando el Código Penal ya contempla sanciones pecuniarias y carcelarias para los delitos de injuria y calumnia (sin distinción alguna entre los ciudadanos).
Además, agrega la AMI, “que semejante fuero se extienda más allá de los periodos de servicio público con el mismo objeto, solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados”.
Sin embargo, esta opinión está lejos de ser la única que ha surgido. Decenas de personas y políticos han emitido sus críticas frente a la aprobación mayoritaria de la iniciativa, en un momento en el que el Congreso de la República tiene el porcentaje de aprobación más bajo de toda su historia (y no precisamente por hacer bien las cosas).
¿Quién es César Augusto Lorduy?
Oposición, abogados constitucionalistas y cientos de organizaciones coinciden en que el artículo aprobado, con ponencia de Lorduy, no aguanta la más mínima revisión de la Corte Constitucional. La representante del Partido Verde Juanita Goebertus, por ejemplo, señaló: “Queda la conciliación y la Corte para enderezar esto”.
Otros, como Inti Asprilla, también del Verde, dijo en varios medios que el artículo “no tiene nada que ver en la lucha contra la corrupción (y) lo que pretende es amedrentar, amilanar o hacer una especie de amenaza para que periodistas como Paola Herrera o Diana Salinas, que han venido denunciando diferentes casos de corrupción al interior del Gobierno y su relación con las casas políticas tradicionales, no salgan a la luz pública”.
Ahí es, precisamente, donde resulta clave empezar a hilar sobre quién es Lorduy y qué cercanía tiene, por ejemplo, con grandes casas políticas como los Char. Una relación que según Asprilla podría explicar mucho sobre la intención de adelantar un artículo que blinde a los funcionarios frente a las acusaciones.
Varias veces César Lorduy ha demostrado sus buenas relaciones con esa casa política de la costa e incluso hay quienes se refieren a él como “el congresista de los Char”. Cabe recordar que el político llegó a la Cámara de Representantes en 2018 de la mano con Arturo Char Chaljub y ahora, en 2022, espera pasar al Senado también dentro de sus listas de candidatos. Por ende, siempre ha sido muy bien conocido por conformar el bloque clave de los Char dentro del Congreso.
En 2019, por ejemplo, tomó la vocería para poner fin a una pequeña disputa entre Germán Vargas Lleras y algunos congresistas de la casa Char en Cambio Radical. Todo, por una columna de Lleras en El Tiempo en la que señaló que varios congresistas de dicho partido podrían haber votado por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presionados por algunas fichas del Gobierno.
“Luis Lorduy y Andrés Betancur, que despachan desde la Casa de Nariño y se presentan como consejeros políticos, han llamado sin descanso a senadores y representantes de Cambio Radical, y seguramente de otros partidos, a convenir qué grado de participación aspiran tener en el Gobierno”, aseguró Lleras en su texto.
Una participación que, señaló entonces, “en el caso de quienes en Cambio Radical asistieron presurosos (...) se ha concretado ya, a modo de cuota inicial, con la designación de Karen Cecilia Abudinen como alta consejera presidencial para las Regiones”.
Sin embargo, Lorduy, tras reunirse con Fuad Char, patriarca de dicha casa política, señaló: “Por Germán Vargas solo tenemos aprecio”. Así, con muy apersonado sentimiento, como se espera no esté actuando al momento de defender un ataque abierto a la prensa que pone sobre la mesa una nueva y poderosa herramienta para la persecución política de la denuncia.
