La contraloría distrital anunció que iniciará una actuación especial de fiscalización desde el 4 de julio y hasta el 15 de septiembre de este año con el fin de recolectar información necesaria para determinar si en la negativa de los concejales de Medellín para vender las acciones de EPM en UNE hubo alguna falta fiscal, pues según la denuncia, los cabildantes incurrieron en el delito de detrimento patrimonial por la pérdida de más 1 billón de pesos.
Algunos de los elementos que entraría a revisar el ente de control es que, al momento de los debates en el concejo, según el líder político Esteban Restrepo, existían evidencias claras de que la compañía solamente estaba generando pérdidas y que expertos desde el año 2017 recomendaban salir del negocio, pero aun así los once concejales denunciados decidieron que EPM mantuviera su participación en accionaria.
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Según los informes de Empresas Públicas de Medellín, desde el 2019 las cifras de UNE están en rojo, en ese año se reportaron pérdidas por 27 mil millones de pesos, en el 2020 la cifra aumentó a 203 mil millones, en el 2021 el incremento fue aún mayor llegando a 572 mil millones en pérdidas, el año pasado la cifra negativa fue cercana al medio billón de pesos, cerró en 473 mil millones.
A este proceso se suma el que desde el pasado 16 de abril inició la Procuraduría por el mismo caso contra los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández y Julio González Villa y el exconcejal Simón Molina que renunció a su curul para ser candidato a la Alcaldía de Medellín.
La decisión se da tras la denuncia interpuesta por el precandidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, quien el pasado 12 de abril denunció ante la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación a once concejales de Medellín que votaron en contra de la enajenación de Tigo Une y evitaron con esto que se recuperara una importante suma de dinero para la Alcaldía de Medellín.
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Los concejales en mención, en más de cuatro oportunidades han negado la solicitud de vender las acciones de UNE y lo hicieron a pesar de que la junta directiva de EPM en mayo de 2021 autorizó iniciar con el proceso de enajenación, pero los cabildantes también omitiendo recomendaciones de expertos como las firmas internacionales McKinsey y Oliver Wyman que desde el 2017, durante la administración de Federico Gutiérrez, sugirieron “salir inteligentemente” del negocio.
¿Hubo detrimento patrimonial en el Concejo de Medellín?
“Quienes hoy denuncio actuaron de manera dolosa porque durante los debates de los proyectos en el Concejo, reconocían que era necesario vender por la mala situación financiera de UNE pero que ellos no iban a aprobar algo a la actual administración. Así pusieron en riesgo los recursos públicos de más de 6 millones de antioqueños” aseguró Restrepo quien emprendió la acción ciudadana ante los entres de control.
Y es que, según cifras oficiales, desde el 2019 las cifras de la compañía están en rojo, en ese año se reportaron pérdidas por 27 mil millones de pesos, en el 2020 la cifra aumentó a 203 mil millones, en el 2021 el incremento fue aún mayor llegando a 572 mil millones en pérdidas, el año pasado la cifra negativa fue cercana al medio billón de pesos, cerró en 473 mil millones.
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“Aquí no solo se pierde plata, sino que además EPM tiene que sacar de su bolsillo cada año para realizar inversiones en esa sociedad. Es decir, aparte de que el negocio no funciona le tenemos que dar plata a unos privados para que sigan administrando el negocio como ellos quieren”
Según Esteban Restrepo, con estas pérdidas la ciudad de Medellín dejó de recibir en el último año más de 330 mil millones de pesos de EPM que dejaron de ser invertidos en proyectos sociales e inversiones en energías renovables.
Medellín: Contraloría estudia presunto detrimento patrimonial en Tigo Une
En su última visita a territorio antioqueño, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez anunció que en la Contraloría estudian los hechos en que se negó la enajenación de Tigo Une y con esto, la recuperación de recursos fundamentales para la Alcaldía de Medellín, al parecer en favor de un privado.
“Vamos a revisar si existió un detrimento patrimonial en esta compañía. Si el Gobierno Nacional y la Sociedad de Activos Especiales consideran que se ha hecho algo irregular, deben avisar a la Procuraduría o si es dolosa, a la Contraloría”, fueron las palabras del Contralor.
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Para Rodríguez, se trataría de un detrimento patrimonial de enorme cuantía en el que se deben estudiar responsabilidades: “La cifra va en casi 4.5 billones en las que resulte algún tipo de afectación. Por el impacto fiscal que tiene desde el punto de vista financiero sobre la nación y determinar las circunstancias. Por encima de diferencias políticas, no se puede desacreditar el impacto fiscal que se pueda tener”.
Como se trata de una investigación en curso, el Contralor no quiso entrar en detalle cuando KienyKe.com le preguntó sobre la responsabilidad de concejales de Medellín al votar en contra de la enajenación de Tigo Une: “Vamos a revisar el impacto que pueda hacer generado. No quiero entrar en detalle, porque dirán que el contralor preclusó. Una vez tenga la información la daremos al respecto”.
