El homicidio de un joven en Itagüí, a manos de un habitante de calle de 77 años, ha desatado indignación ciudadana y un debate jurídico sobre la posibilidad de que el acusado quede en libertad si es declarado inimputable. Sin embargo, expertos en derecho penal señalan que incluso en ese escenario, podría continuar privado de la libertad.
El hecho ocurrió el lunes 11 de agosto y quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes circularon rápidamente en redes sociales, provocando repudio generalizado. La víctima era oriunda del municipio de La Concordia, y su muerte ha conmocionado tanto a la comunidad local como a poblaciones vecinas.
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El presunto agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, fue capturado minutos después del ataque y trasladado inicialmente a un Centro de Atención Inmediata (CAI). Posteriormente, la Fiscalía presentó el caso ante un juez de control de garantías, cumpliendo con el plazo legal máximo de 36 horas para la legalización de la captura. La diligencia fue aprobada, y la audiencia de imputación de cargos se programó para el jueves 14 de agosto.
¿Qué dice la ley?
Según el Código Penal colombiano, el delito de homicidio simple contempla penas que van de 13 a 25 años de prisión, y si se comprueban agravantes —como la “sevicia” o que la víctima se encontraba en estado de indefensión—, la sanción podría aumentar a un rango de 25 a 40 años.
No obstante, el caso ha abierto un debate jurídico debido a la edad del procesado y a la posibilidad de que padezca una condición mental que afecte su responsabilidad penal. El artículo 33 del Código Penal establece que una persona es inimputable cuando, “en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión”.
Expertos consultados por otros medios nacionales aclararon que la inimputabilidad no implica necesariamente la libertad del acusado. Aun cuando se comprobara que Cadavid padece una enfermedad mental que afectó su discernimiento en el momento de los hechos, el juez podría ordenar su internamiento en un centro psiquiátrico o en un establecimiento especial de custodia. En otras palabras, seguiría privado de la libertad, aunque bajo una medida de seguridad distinta a la prisión tradicional.
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Este punto es clave en medio de la preocupación ciudadana, ya que varios sectores temen que un fallo de inimputabilidad pueda traducirse en impunidad. Los penalistas enfatizan que la ley contempla mecanismos para que personas en estas condiciones continúen bajo custodia, recibiendo tratamiento y supervisión para evitar que representen un riesgo para terceros.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso mantiene la atención pública por la brutalidad del ataque y por lo que significa en términos de percepción de seguridad. La comunidad de Itagüí, así como familiares y allegados de la víctima, exigen justicia y garantías de que hechos como este no quedarán sin sanción efectiva.
