El hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, el pasado 29 de agosto en el río Frío de Cajicá, cerró con dolor la intensa búsqueda que durante 18 días adelantaron autoridades y familiares tras la desaparición de la menor. Medicina Legal concluyó que la niña murió por ahogamiento, sin señales de violencia física, pero para la familia persisten interrogantes sobre las circunstancias que permitieron la tragedia.
La defensa de la familia de la niña fallecida, Julián Quintana, ha dicho reiteradamente que las omisiones de rectoría y algunos trabajadores en general de la institución educativa habrían sido fundamentales para que se hubiera producido este triste desenlace.
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Asimismo, Quintana señaló que el colegio tenía presuntas fallas de seguridad que resultaron en que la menor hubiera podido salir o, supuestamente, ser raptada desde una parte de la reja, por lo que no se habría tratado de un simple accidente, sino más bien de un presunto error derivado de la falta de garantías y cuidados por parte del colegio en el que estudiaba Valeria.
“El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña: primero reconocen que la reja era insegura, y segundo, alteraron la escena del delito. Grave hecho que exige verdad y justicia”, escribió el abogado a través de sus redes sociales.
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El fuerte llamado del abogado de la familia a las autoridades
Por las denuncias sobre omisiones y deficiencias en la seguridad del plantel, Quintana solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se imputen cargos a la rectora de la institución y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles.
“Exigimos justicia para Valeria. Pediremos a la Fiscalía General de la Nación imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”, afirmó el abogado en un reciente comunicado.
