Un millonario robo se frustró este viernes, 30 de octubre, luego que miembros de la Policía Nacional capturaran en flagrancia a un hombre identificado como César Augusto Posada Acevedo, quien pretendía hurtar una millonaria suma de una de las cuentas oficiales del municipio de Támesis, Antioquia.
Según explicó la Fiscalía General de la Nación, Posada Acevedo fue aprehendido en una entidad crediticia del municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, cuando mediante un documento falso se disponía a hurtar 356 millones de pesos, dinero proveniente de los recursos públicos que administra la Alcaldía de Támesis.
Tras ser puesto a disposición de las autoridades judiciales, el capturado fue acusado como presunto responsable de hurto por medios informáticos y, aunque no aceptó su responsabilidad en los hechos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Caramanta (Antioquia) profirió medida de aseguramiento en su contra, por lo que tendrá que estar en prisión mientras avanza las investigaciones del caso.
"Estos resultados responden a los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para contrarrestar los fenómenos delictivos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana", añadió el entre investigador a través de un comunicado.
Lucha contra la corrupción en Támesis
El pasado 15 de octubre la Procuraduría General de la Nación sancionó con seis meses de suspensión al alcalde de este municipio, Juan Martín Vásquez, por irregularidades en la firma y liquidación de dos contratos de prestación de servicios durante su primer periodo como mandatario del municipio (2012-2015).
Según explicó la Procuraduría, Vásquez firmó un contrato para la recopilación y procesamiento de información en el Sistema único de Información (SUI) por cuatro millones de pesos, con una persona que no cumplía con los requisitos legales para ejecutar dichas labores.
Además, se pudo establecer que el alcalde de Támesis firmó las actas de liquidación de ese contrato y de otro más, cuyo objetivo era la elaboración de manuales de procedimiento de las oficinas de Control Interno y Disciplinario del municipio (por otros $12 millones) sin que existiera evidencia de su ejecución y sin determinar los aspectos pendientes para la expedición del correspondiente paz y salvo.
