En la jornada de protestas del pasado 21 de junio se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes durante 17 horas. Los disturbios dejaron como consecuencia una persona fallecida y decenas de civiles y policías heridos. Estos hechos se presentaron especialmente en los barrios Yomasa y Marichuela, en la localidad de Usme.
La víctima es Jaime Alonso Fandiño, quien tenía 32 años y fue impactado por un objeto contundente en el pecho a corta distancia. La situación fue confirmada por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez: “Sobre las 4:00 de la tarde fue trasladado al CAMI de Santa Librada sin signos vitales”. Tiempo después el cuerpo fue llevado a medicina legal para realizarle un dictamen definitivo de las causas de deceso.
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Gómez resaltó que la Secretaría se comunicó con la familia de la víctima. “Nos informan que él estaba buscando trabajo – explicó el funcionario –. Era un joven que estaba tratando de buscar alternativas y oportunidades”.
El funcionario también aseguró que el director seccional de la Fiscalía estuvo en el lugar, “recabando toda la información y recogiendo los testimonios de primera mano”. A su vez, solicitaron que los uniformados de la Policía que participaron en los enfrentamientos se retiraran del lugar para iniciar los procesos de investigación. “Condenamos estos hechos”, agregó.
El Comité de Derechos Humanos de Usme realizó una denuncia pública frente a las agresiones físicas que sufrieron los manifestantes. Según el informe, “sobre las 5:00 p.m. la misión médica reportó un total de 42 personas heridas, la gran mayoría afectadas por impactos de gases, piedras y aturdidoras lanzadas directamente al cuerpo”.
Horas después, la Misión médica Red Popular de Primeros Auxilios publicó un vídeo en redes sociales en el que decía que habían atendido a 75 personas. “Como cuerpo de derechos humanos hemos sido víctimas de agresiones físicas por parte de la fuerza pública y del Esmad”, aseguró una de las voceras.
El Comité también se manifestó ante el caso de Jaime Alonso Fandiño. “De acuerdo con la información proporcionada, la fuerza pública no le permitió a la misión médica brindar una atención oportuna al joven”, comentó la entidad.
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El caso de Fandiño no es el único que preocupa a la sociedad frente pues el derecho a la protesta y la protección de los derechos humanos se han visto afectados. “La fuerza pública golpeó con piedras y bolillos a dos defensoras de derechos humanos”, aseguró el Comité. Por el momento, la Alcaldía Mayor de Bogotá no se ha pronunciado ante este caso en particular.
