La Fiscalía General de la Nación informó un nuevo caso de irregularidades en cargos públicos. La imputación tramitada por la entidad cayó sobre el director del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER), Guillermo Escobar Castro.
El caso se abrió por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios suscrito en el marco de la declaratoria de calamidad pública por la pandemia de la Covid-19.
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Según la institución, el hecho se presenta por un contrato de 3.036 millones de pesos celebrado en abril de 2020. El acuerdo ubicó 15 albergues temporales para personas en vulnerabilidad que no tenían un lugar para pasar el aislamiento obligatorio.
El ente investigador asegura tener pruebas que indican que, "el director del IDIGER, al parecer, desconoció principios de trasparencia y planeación”. Aparentemente no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación y direccionó el contrato hacia una institución específica.
“Hay indicios de que habría pasado por alto parámetros definidos en el Manual de Procedimiento de Contratación", explicó la Fiscalía.
Por lo mismo, la entidad presentó ante un juez de control de garantías una imputación por interés indebido en “la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra el director”, dijo la institución en un comunicado. En ese mismo contrato, se contemplaba la entrega de alimentación, elementos de aseo y acompañamiento psicológico y médico a los beneficiarios.
La imputación de los cargos a Escobar Castro se dio gracias a un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Bogotá. Por el momento, los hechos siguen en investigación y los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Otros funcionarios investigados por la Fiscalía
El pasado jueves 18 de marzo la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Pilar Contreras, funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá. El operativo se realizó por presuntos actos de corrupción en la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (CENAC) en 2017.
"La funcionaria y su esposo, al parecer manipularon cerca de cinco licitaciones para el suministro de material de intendencia y mantenimiento de vehículos para favorecer a particulares a cambio de dádivas", explicó la Fiscalía a través del documento. Los contratos tienen un valor aproximado de 3.000 millones de pesos.
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El esposo de Contreras también fue capturado. La pareja será presentada ante un juez de control de garantías y se les imputarán los cargos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.
El operativo fue posible gracias al trabajo de la Dirección Especializada contra la Corrupción y la Seccional Cali de la Fiscalía. Las entidades recolectaron el material probatorio para llevar a cabo a la captura por parte del CTI.
