El deslizamiento ocurrido en la avenida Boyacá con calle 127, el cual involucraba la construcción de una de las obras viales más importantes de Bogotá, generó gran inconformismo en los ciudadanos. Por esta razón, el contratista encargado, Consorcio San Patricio y el interventor Supervisión e Ingeniería emitieron un comunicado para dar a conocer las medidas que implementarán para evitar futuros deslizamientos.
La alcaldesa Claudia López anunció que esta construcción sería una estrategia vial para conectar la avenida Boyacá, a la altura de la calle 127, con la avenida El Rincón, lo cual aliviaría las congestiones vehiculares que se presentan en este punto.
Sin embargo, el pasado 9 de septiembre, varios usuarios de Twitter denunciaron que un muro de contención contiguo a la obra se había derrumbado. Por esta razón, afirmaron que la Alcaldía Mayor y las demás entidades estarían empleando materiales poco resistentes para esta obra, lo que indicaría irregularidades en la contratación.
Ante lo ocurrido, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, publicó un trino explicando que las fallas presentadas no afectaron a la comunidades aledañas y que se tomarán medidas para continuar con la construcción.
Comunicado del contratista
Las organizaciones encargadas acudieron al lugar del deslizamiento para hacer los análisis pertinentes y evaluar cómo se podrían reparar los daños. Con base en los estudios, y en las denuncias de los ciudadanos, el contratista Consorcio San Patricio y del interventor Supervisión e Ingeniería de Proyectos anunciaron las medidas a las que se comprometieron para mejorar el estado de esta obra.
Tal como dicta el comunicado, construirán temporalmente, desde el 19 hasta el 30 de septiembre, un terraplén que ejerza contra peso en la zona inferior de la falla, esta medida servirá para dar soporte natural al terreno y prevenir movimientos mayores.
Adicionalmente, hasta el martes 20 de septiembre, se instalarán más inclinómetros que mejoren las lecturas diarias de la zona y permitan detectar posibles movimientos.
Con el fin de evitar futuros deslizamientos, las entidades seguirán monitoreando mediante controles topográficos que cubran un área de 6 mil metros cuadrados los anclajes existentes para evaluar posibles movimientos.
Con respecto a las fallas, se llevará constante reporte de las novedades que se presenten en las fisuras y para ello, además del control visual, se implementarán drones de alta resolución de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Con base en los resultados de los estudios, el contratista deberá presentar un plan de las soluciones definitivas que se implementarán para reparar las fallas. El plazo será entre el primero y 31 de octubre, aunque las fechas podrían variar dependiendo de cuándo se entreguen los resultados.
El IDU y la Sociedad Colombiana de Ingenieros analizarán la propuesta presentada por el contratista y, entre el 1 y 10 de noviembre, deberán aprobar o negar la solución. De acuerdo con la complejidad de las estrategias a emplear, se esperaría que a mediados de noviembre se de arreglo definitivo a la situación.
“Sobre el análisis de responsabilidad de la falla, el IDU esperará todos los resultados de los ensayos y modelos geotécnicos y geológicos, y a partir de un análisis riguroso de la propuesta establecida en los diseños iniciales, del proceso constructivo y controles realizados por contratista e Interventoría, emitirá un pronunciamiento, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros”, concluye el documento.
