El tráfico ilegal de fauna silvestre volvió a encender las alarmas en Bogotá. En medio de operativos realizados durante la temporada de retorno de viajeros, las autoridades recuperaron 18 animales silvestres, decomisaron 265 gramos de carne de tingua azul y capturaron a dos personas señaladas de participar en esta actividad delictiva, considerada una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.
Los controles fueron liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente en las localidades de Kennedy, Usme y Usaquén, así como en la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre, y el Aeropuerto Internacional El Dorado, dos de los principales puntos de ingreso y salida de viajeros durante la temporada vacacional.
Entre los ejemplares recuperados se encuentran loros cabeciamarillos, loras amazónicas, pericos bronceados, canarios costeños, tortugas morrocoy y dos monos ardilla, especies que habían sido extraídas ilegalmente de departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.
Las autoridades explicaron que muchas de estas especies son capturadas cuando aún son crías, separadas de sus madres y transportadas en condiciones extremas que les provocan lesiones, deshidratación, estrés y desnutrición. Incluso, varios de los animales que sobreviven al tráfico ilegal desarrollan alteraciones físicas y de comportamiento que dificultan su regreso a la vida silvestre.
Uno de los casos que más impactó a los equipos de rescate fue el de dos monos ardilla encontrados abandonados dentro de una caja en un parque de Kennedy. Los primates presentaban bajo peso, lesiones en la piel y signos de estrés, por lo que fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde reciben atención veterinaria especializada con la esperanza de que puedan recuperarse y regresar a su hábitat natural.
Como resultado de los operativos, dos personas fueron capturadas y deberán responder por su presunta participación en el tráfico de fauna silvestre. De ser encontradas culpables, podrían enfrentar penas de entre cinco y once años de prisión, además de millonarias multas contempladas en los artículos 328 y 328A del Código Penal. Paralelamente, la Secretaría de Ambiente inició procesos sancionatorios por la vía administrativa.
