Corte condenó a Germán Olano por el carrusel de la contratación

La Sala Especial de Primera Instancia le impuso una pena de tres años, cuatro meses y 15 días.
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Congreso Visible

La Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación en Bogotá.

La Sala Especial de Primera Instancia lo declaró responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos y le impuso una pena de 40 meses y 15 días de prisión, equivalente a tres años, cuatro meses y 15 días.

El alto tribunal también ordenó que Olano pague $3.436 millones por los daños materiales causados al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Además, deberá cumplir una inhabilidad de 48 meses y 28 días para ejercer derechos y funciones públicas, así como una multa de 44,53 salarios mínimos mensuales.

El contrato de TransMilenio por la calle 26

De acuerdo con el documento de la Corte, Olano Becerra participó en reuniones en las que se acordó el pago de un soborno de $1.750 millones para intervenir en la adjudicación de la Fase III de TransMilenio por la calle 26, en Bogotá. Según el proceso, el dinero fue entregado mediante contratos de obra simulados. 

Por estos hechos, el excongresista aceptó los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, aunque se declaró inocente de interés indebido en la celebración de contratos. La Sala concluyó que, pese a no tener funciones contractuales directas, actuó junto con funcionarios que sí las ejercían para alcanzar el propósito ilegal.

Corte ordenó su captura

La Corte le negó al excongresista la suspensión condicional de la pena y la posibilidad de cumplir la condena en prisión domiciliaria.

En consecuencia, ordenó emitir de manera inmediata la orden de captura y adelantar las gestiones necesarias para solicitar una notificación roja ante Interpol, debido a que Olano se encontraría fuera de Colombia.

La notificación de Interpol permitiría solicitar a las autoridades de otros países que lo localicen y detengan provisionalmente mientras se adelantan los trámites correspondientes. La decisión, sin embargo, todavía puede ser revisada en segunda instancia antes de quedar en firme.

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