Desde las 7:00 a.m. de este lunes 14 de julio, el gremio arrocero dio inicio a un paro nacional indefinido en varios departamentos de Colombia. La decisión, impulsada por pequeños y medianos productores, obedece al presunto incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados en marzo pasado, en medio de una profunda crisis por los bajos precios del arroz y las pérdidas millonarias en el sector.
La protesta se ha manifestado a través de bloqueos intermitentes en corredores estratégicos de las regiones arroceras, con cierres de seis horas y habilitación de una hora. Departamentos como Tolima, Huila, Meta, Santander y Casanare ya registran afectaciones viales, mientras que otros como Córdoba, Arauca, Sucre y Guaviare podrían sumarse en los próximos días.
En Tolima, los puntos de concentración se encuentran en municipios como El Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación y Prado, así como en el cruce Líbano–Armero. En Huila, las protestas bloquean zonas como Tesalia–Paicol, el peaje Neiva–Bogotá, Villavieja, Campoalegre y la glorieta hacia Yaguará. También hay bloqueos parciales en intersecciones de Chicoral hacia Bogotá e Ibagué.
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Según los manifestantes, cada hectárea cultivada está generando pérdidas entre los 2.5 y 3 millones de pesos, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de miles de familias campesinas. A esto se suma el incumplimiento de compromisos por parte del Estado, la falta de control en la comercialización, el impacto de los tratados de libre comercio y la ausencia de garantías para sostener el cultivo semestral.
Los arroceros exigen, entre otros puntos, la fijación de precios mínimos justos, una regulación efectiva del mercado, la revisión urgente de los TLC, y la presencia obligatoria de entidades como los ministerios de Agricultura, Comercio y Ambiente, la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes de la industria molinera en las mesas de negociación.
¿Qué dice el Gobierno?
En respuesta, el Ministerio de Agricultura ha propuesto un modelo de “libertad regulada de precios” para el arroz paddy verde, como medida para evitar abusos en la cadena de comercialización. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas y se han habilitado líneas de crédito y recursos por 50 mil millones de pesos a través del Fondo FAIA Arroz.
Sin embargo, para el sector productor estas medidas son insuficientes, y aseguran que el paro se mantendrá de manera indefinida hasta que se obtengan soluciones estructurales y se reactiven las negociaciones bajo condiciones claras.
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La prolongación de la protesta podría generar retrasos en la distribución de alimentos, afectando el abastecimiento de arroz en varias regiones del país y presionando al alza su precio. Además, más de 500.000 familias campesinas podrían verse directamente afectadas si no se alcanzan acuerdos en el corto plazo.
Mientras tanto, la tensión crece en las regiones productoras, donde las concentraciones podrían intensificarse en los próximos días, sumando más bloqueos y complicaciones en la movilidad y el comercio local.
