La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra los exmagistrados del Tribunal de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, procesados por irregularidades en decisiones judiciales relacionadas con procesos penales y una tutela.
El alto tribunal también compulsó copias para que se investiguen sus actuaciones en un fallo de tutela por el que se habría pagado un soborno de $100 millones.
Según la decisión, Díaz Rodríguez fue condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo a 128 meses y 1 día de prisión. Por su parte, Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron condenados por cohecho propio y prevaricato por acción simple a 120 meses y 1 día de prisión.
Los exmagistrados fueron investigados por presuntas irregularidades en dos procesos penales y una acción de tutela, en los que habrían tomado decisiones contrarias a la ley a cambio de dinero. En uno de los casos, según el expediente, se habría pactado un soborno de $2.000 millones.
Fallos cuestionados y dádivas
La Corte señaló que Díaz Rodríguez presentó un proyecto de decisión con el que buscaba revocar un auto que había retirado la prisión domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo. Para la Sala, esa propuesta se sustentó en razonamientos “manifiestamente contrarios a la ley” y se apartó de manera injustificada de los hechos probados.
Incluso, cuando su ponencia fue derrotada, el exmagistrado dejó un salvamento de voto que, según la Corte, desconocía pruebas y construía una argumentación orientada a favorecer indebidamente al condenado.
En otro de los episodios, los entonces magistrados Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño favorecieron a Hernán Darío Giraldo Gaviria mediante una tutela. La Corte sostuvo que emitieron un fallo contrario a la ley, al omitir un análisis expreso y razonado del principio de subsidiariedad y declarar la nulidad de una providencia judicial ya ejecutoriada.
El fallo también indica que Vargas Bautista y Trejos Londoño pactaron un millonario soborno para intentar favorecer a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir.
La Sala fue enfática al señalar que este tipo de conductas se ajustan a patrones criminales de servidores públicos que trafican con la función judicial y usan diferentes métodos para evitar aparecer directamente como receptores de dinero o promesas remuneratorias.
Además del pago de sobornos, la Corte indicó que los exmagistrados aceptaron dádivas consistentes en fiestas con comida, licor y servicios sexuales.
La Sala también se pronunció sobre la decisión que les concedió la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, basada en la edad de los condenados, su condición de pensionados y la inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Aunque la Corte no podía revocar ese beneficio por el principio de non reformatio in pejus, que impide desmejorar la situación del procesado cuando solo su defensa impugna, sí hizo un fuerte llamado de atención.
Para el alto tribunal, la decisión de conceder ese sustituto no estuvo precedida de un análisis suficientemente riguroso, especialmente frente a la gravedad de los hechos. La Corte recordó que se trataba de magistrados con alta notoriedad regional, llamados a preservar la legalidad y la recta administración de justicia.
“No sólo emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, sino que ello representó una verdadera venta simoníaca de la función pública”, señaló la sentencia, al advertir que las actuaciones buscaban favorecer ilícitamente a personas procesadas por delitos graves.
