Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía por presunta violación de topes electorales. El caso importa porque traslada al terreno penal las irregularidades que ya habían sido revisadas por el Consejo Nacional Electoral.
La acusación contra Roa
La Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa Barragán por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes o límites de gastos electorales, dentro del proceso por la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. La diligencia se realizó ante un juez de control de garantías en Bogotá y Roa no aceptó el cargo formulado.
El señalamiento no se refiere a su gestión actual en Ecopetrol, sino al rol que tuvo como gerente de campaña. Según la Fiscalía, Roa habría tenido funciones de dirección, autorización y manejo del gasto electoral, incluyendo la aprobación de pagos, movimientos presupuestales y operación de la cuenta única destinada al recaudo y distribución de recursos de la campaña.
El caso ya tenía un antecedente administrativo. El Consejo Nacional Electoral dejó en firme la sanción contra la campaña Petro Presidente tras resolver recursos y recusaciones. Esa decisión ratificó que, para el CNE, hubo irregularidades en la financiación y en los reportes de la campaña de 2022.
Las cifras que revisa la Fiscalía
La Fiscalía sostuvo que, en la primera vuelta presidencial, el tope fijado era de $28.536 millones, pero la campaña habría ejecutado gastos reales por $29.924 millones. Según esa lectura, el exceso habría sido de $1.388 millones frente al límite permitido. Además, el ente acusador identificó gastos, pagos y servicios por $1.193 millones que no habrían sido reportados o que habrían sido reportados parcialmente.
Entre los rubros mencionados por la Fiscalía aparecen pagos o servicios asociados a Mi Colombia Travel S.A.S., el Polo Democrático Alternativo, la Unión Sindical Obrera, Neuro Data S.A.S., Cultura Popular S.A.S., Fundación Prensa, Turismo al Vuelo S.A.S., hoteles y piezas audiovisuales. La tesis del ente acusador es que esos movimientos debían aparecer de forma completa en los informes presentados ante Cuentas Claras y el CNE.
En la segunda vuelta, la Fiscalía afirmó que la campaña ejecutó gastos reales por $13.623 millones, por encima del tope de $13.347 millones. En ese tramo, el ente acusador habló de gastos no reportados por $770 millones, entre ellos recursos asociados a la USO, Turismo al Vuelo S.A.S. y la Corporación Grupo Red Andina A3 Colombia.
Otro punto central es la presunta imputación contable entre vueltas. La Fiscalía señaló que algunos gastos habrían sido registrados en una vuelta distinta a aquella en la que realmente correspondían. Ese aspecto es relevante porque los topes se calculan por etapa electoral y no como una sola bolsa general de campaña.
Qué cambia ahora
La diferencia entre el CNE y la Fiscalía está en el tipo de consecuencia. El CNE revisó el caso en el plano administrativo electoral, mientras que la Fiscalía busca establecer si las irregularidades detectadas comprometen una responsabilidad penal individual. En otras palabras, el debate ya no se limita a si las cuentas de campaña fueron sancionables, sino a si Roa, como gerente, debe responder penalmente por esos reportes.
La defensa de Roa ha insistido en la presunción de inocencia y en que controvertirá las imputaciones dentro del proceso. En comunicaciones previas, su abogado Juan David León Quiroga sostuvo que Roa debe contar con garantías procesales para ejercer su defensa frente a los señalamientos del ente acusador.
El proceso seguirá ahora con las etapas propias del trámite penal. Tras no aceptar cargos, Roa podrá controvertir los elementos de la Fiscalía y el caso dependerá de las decisiones que adopte el juez frente a las solicitudes de las partes. Mientras tanto, el expediente mantiene bajo revisión judicial una de las discusiones más sensibles sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.
