
La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez en contra del memorando de entendimiento firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyo propósito era establecer una zona binacional de paz y desarrollo económico.
Según la demanda, el acuerdo debería ser manejado como un tratado internacional y, en consecuencia, requería aprobación del Congreso de la República y control previo de constitucionalidad por parte de la Corte. Gómez sostiene que ambos requisitos fueron omitidos en la firma e implementación del memorando, lo que constituiría una vulneración al marco institucional colombiano.
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La decisión de la Corte
Mediante un auto, la Corte Constitucional decidió abrir el proceso y ordenó la práctica de pruebas para establecer cómo se negoció e implementó el memorando binacional. El alto tribunal analizará si este instrumento efectivamente evitó los controles constitucionales que, de acuerdo con el demandante, eran necesarios.
La admisión de la demanda no implica aún un pronunciamiento de fondo, pero sí abre la posibilidad de que, durante el estudio, la Corte evalúe una suspensión provisional del memorando, lo que podría detener temporalmente su aplicación hasta que exista un fallo definitivo.
La posición del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, defendió el alcance del documento. Señaló que el memorando es una “hoja de ruta de trabajo articulado” que busca cooperación entre ambos países, y que en ningún caso sustituye el marco institucional colombiano ni representa una cesión de soberanía.
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Morales explicó que el artículo tercero del memorando establece explícitamente que este proceso “no transgrede de ninguna manera la soberanía nacional ni el ordenamiento territorial colombiano”.
De acuerdo con el Gobierno, el objetivo de la iniciativa es promover la transformación productiva en regiones históricamente excluidas, como el Catatumbo, mediante proyectos de cooperación económica y social que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades fronterizas.
Próximos pasos
La Corte Constitucional continuará con la recolección de pruebas y posteriormente deberá decidir si el memorando constituye un tratado internacional sujeto a control previo. De confirmarse, el acuerdo tendría que ser sometido al Congreso y a la propia Corte antes de seguir su curso