Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó el Decreto 811 de 2020 que permitía agilizar la venta o enajenación de activos del Estado. De acuerdo con algunos congresistas, el Decreto permitía la privatización de activos de la Nación.
Con el Decreto 811 de 2020 se facilitaría la venta de activos de empresas como Ecopetrol, ISA y Colombia Telecomunicaciones, entre otras. El objetivo de este decreto según el Gobierno Nacional, era robustecer el fondo de mitigación de la emergencia que causó la pandemia de coronavirus Covid-19.
"La enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación (Ministerio de Hacienda) con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia", dice el decreto que el Alto Tribunal consideró inconstitucional.
Con el decreto se pretendía comprar acciones en cualquier empresa que estuviera en riesgo a causa de la emergencia y luego enajenarlas. Además, se establecía que cuando el Estado adquiriera participación en alguna compañía podría "exigir que sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la participación del Estado dentro de un plazo determinado”.
La Corte Constitucional estableció que el Decreto 811 de 2020 no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción especifica en relación al estado de emergencia producido por la pandemia.
Con respecto a la decisión del Alto Tribunal, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo señaló: "La noticia que la Corte Constitucional acaba de decretar inexequible el decreto 811, dictado al amparo de la emergencia decretada para amortiguar la pandemia, dificulta aún más el crédito a Avianca (que bien enredado estaba), y la privatización de activos públicos".
