La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo en un caso en el que se determinó que el trabajo doméstico se evalúa como una labor productiva que se debe incluir como una de las aportadoras para la contribución del patrimonio adquirido en la relación.
Esto se determinó por el alto tribunal luego de que se evaluará un caso en el que el hombre que estaba en el transcurso de un divorcio alegó que a su cónyuge no le corresponde nada en el proceso de repartición de bienes, según el esposo, porque la mujer no trabajó en el tiempo de la unión matrimonial.
Con lo expuesto por el hombre ante la Corte, se analizó la demanda en la que la mujer alegó que el hombre vendió propiedades adquiridas durante la unión matrimonial sin su consentimiento, en los hechos habían vendido dos propiedades con el fin de que la esposa no tuviese acceso a ellas tras el proceso de divorcio.
La demanda impuesta desde el 2011, la expareja de la mujer vendió dos propiedades de finca raíz que eran parte de su patrimonio familiar, la mujer aseguró que esas ventas fueron simuladas porque se hicieron a un precio irrisorio a personas cercanas que no podían comprarlas.
Esto se habría ejercido para que en el proceso de divorcio ella no pudiese adquirir ninguna de las propiedades, por tanto, la mujer ejerció una acción de simulación, lo cual busca revelar el objetivo de un negocio buscando anular dichas ventas.
Por tanto, la alta Corte determinó que las labores domésticas ejercidas durante el periodo de convivencia también cuentan como uno de los trabajos que aportan a la adquisición del patrimonio reunido durante el periodo de la relación.
Para este tipo de casos, desde la Corte se realizarán decisiones en los que se preserve la equidad de género por lo que se velará por los derechos de la unión matrimonial entre las partes involucradas en el proceso de divorcio.
El caso en específico brinda un precedente con el fin de que se valore la labor doméstica como un trabajo que también aporta a la construcción de patrimonio que se adquiere durante el tiempo de relación y se dispongan las herramientas legales para evaluar las inconsistencias en un proceso de repartición de bienes.
