
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), durante la época de Olmedo López, sigue sacudiendo profundamente al gobierno Petro y varios funcionarios que han resultado salpicados en los distintos documentos y revelaciones del caso. Probablemente en medio de todo esto uno de los nombres más sonados sea el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por una supuesta cita en su despacho con Olmedo López.
En medio de las sospechas que se han generado alrededor del alto funcionario, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, le retiró su apoyo incondicional al ministro asegurando que debería hacerse a un lado mientras se investiga y se resuelve el caso o por lo menos mientras se descarta su participación en el entramado de corrupción.
Todo esto lo dejó claro en medio de una entrevista con W Radio, en la que señaló que si bien Carrillo confía en la inocencia del ministro de Hacienda, considera que es mucho mejor para todos “no atornillarse a un cargo”.
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“Yo siempre he sido de los que creen que es mejor no atornillarse a un cargo (...) pero creo que la decisión de retirarse del cargo es una decisión personal y del señor presidente, no me compete a mí meterme en esas decisiones”, dijo Carrillo.
Más allá de eso, el actual director de la UNGRD, quien activamente ha denunciado varios temas alrededor de este escándalo de corrupción, señaló que hasta el momento no ha encontrado “nada que vincule al señor ministro”. Aunque, por otro lado, destaca como anormal que Olmedo López hable de Bonilla como si fuese su jefe directo, siendo que el Ministerio de Hacienda “no tiene líneas de mando sobre el director de la UNGRD”.
“En lo que yo he conocido al profesor Bonilla, me ha parecido que es una persona honesta, y yo parto del principio de la buena fe en eso, es alguien que ha acompañado por muchos años al presidente. No creo que Ricardo Bonilla estuviera robando con Olmedo López de ninguna forma”, finalizó Carrillo.
Lo que pasó con el MinHacienda y la respuesta de Petro
Todo este escándalo de la UNGRD gira en torno a la presunta compra de votos al interior del Congreso de la República para favorecer la votación de algunos presupuestos y créditos de la nación. Algo que se habría hecho, según lo que se ha conocido, a través de la financiación de proyectos en territorio (muchos de los cuales llevaban años sin ser priorizados).
Así las cosas, habrían pruebas sobre una supuesta citación de Bonilla a Olmedo López en su oficina el pasado 15 de diciembre de 2023, en la que estuvo presente una asesora suya que sería clave en todo este proceso: María Alejandra Benavides, quien según Olmedo López habría sido clave en el seguimiento de los contratos y quien presuntamente habría presionado a Sneyder Pinilla para la firma de los mismos.
Al parecer, Benavides habría enviado una lista detallada de los alcaldes y contratistas que debían estar en los contratos en cuestión, teniendo en cuenta que la UNGRD tiene un tipo de contratación que se puede hacer directa y sin tanto procedimiento.
Sin embargo, según Olmedo López, en aquella reunión con el ministro Bonilla también habría estado presente Jaime Ramírez Covo, quien representando los intereses del gobierno habría alertado que la demora en esos contratos pondría en peligro la aprobación de los créditos de la nación. De hecho, los objetivos dentro del Congreso habrían sido legisladores que decidieron sobre el aumento del cupo de endeudamiento y otras materias clave en temas fiscales.
De ahí sale precisamente la lista de congresistas que han sonado en medio de todo esto: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Muchos de los cuales ya han negado su participación en todo esto y se han desligado por completo de intereses en los contratos de la UNGRD, señalando que incluso en algunos casos son congresistas de oposición.
Sin embargo, uno de los temas importantes que se ha señalado sobre todo esto es la adición presupuestal aprobada para la UNGRD de 1.4 billones de pesos, de los cuales serían de especial interés 92 mil millones de pesos que terminarían en proyectos de Cotorra (Córdoba), El Salado (en Bolívar) y Saravena (Arauca).