Colombia retomaría la fumigación aérea de cultivos ilícitos entre el presente mes de abril y junio próximo, luego de que el 12 de abril el Gobierno emitiera un decreto mediante el cual hizo público el marco normativo que aplicará para tal fin, reveló el ministro de Defensa, Diego Molano.
"Ahora esperamos tres pasos, como la aprobación de manejo ambiental por parte de la ANLA [agencia Nacional de Licencias Ambientales], la presentación al Consejo Nacional de Estupefacientes [CNE] y la preparación por parte de la Policía Nacional para iniciar. Tenemos estipulado empezar en este trimestre, según el cronograma establecido", dijo Molano a la emisora RCN Radio.
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El funcionario indicó que de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en 2019 se registraron 154.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, y dijo que está a la espera de conocer los datos de 2020.
"De esas 154.000 hectáreas hay aproximadamente 53.000 donde se puede aplicar la aspersión por precisión", lo que quiere decir que "no se aplicará la aspersión aérea en parques naturales, en sistemas ecológicos estratégicos o donde se esté realizando el programa de erradicación manual", explicó.
Molano señaló que el objetivo "es reducir las hectáreas de cultivos ilícitos", cuya siembra es impulsada por grupos armados ilegales en regiones como la Amazonía (sur), Norte de Santander (nordeste) y el Bajo Cauca (suroeste), donde las autoridades han encontrado cultivos industriales y tecnificados de coca.
La aspersión aérea fue cancelada por la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) en octubre de 2015 a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, que señaló que el herbicida Glifosato —que se usa en esa práctica— afecta la salud de las comunidades vecinas, por lo que desde entonces la erradicación se realiza de manera manual o de modo voluntario por parte de los campesinos que han optado por planes sustitutivos impulsados por el Estado.
Pese a esa decisión, el alto tribunal señaló que para retomar ese tipo de fumigación se debería presentar "evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente", ante lo cual el actual Gobierno de Iván Duque sostiene desde hace meses que ya ha presentado toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente".
La urgencia de retomar la aspersión aérea en el país, según el Gobierno, se da debido a la necesidad de reducir las hectáreas sembradas con coca (insumo base para la fabricación de cocaína), que alcanzaron cifras récord entre 2018 y 2019, con cerca de 200.000 hectáreas, lo que generó la reacción de Estados Unidos, el principal destinatario del alcaloide y que otorga millonarias partidas anuales a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.
La meta del Gobierno es reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción de cocaína al año 2023, es decir, que las hectáreas de coca no superen las 105.000 y la producción de cocaína esté por debajo de las 450 toneladas métricas.
La iniciativa es cuestionada de manera fuerte por varios sectores políticos, organismos sociales y defensores de los derechos humanos y del medioambiente.
