Fiscalía aclara que suspensión de órdenes no concede libertad a cabecillas

Mar, 31/03/2026 - 17:48
La entidad precisó que la medida sobre 23 voceros criminales no cambia su situación jurídica y solo busca facilitar diálogos con el Gobierno.
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Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación aclaró que la suspensión de las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá no implica ni contempla la concesión de su libertad, en caso de que se encuentren privados de ella.

El pronunciamiento busca evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de la medida, luego de que se conociera la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026. Según la entidad, las personas que actualmente cumplen condenas, tienen medidas de aseguramiento o enfrentan otros requerimientos judiciales deberán continuar en centros penitenciarios o carcelarios, ya que su situación jurídica no se ve modificada.

La suspensión de las órdenes de captura responde a una solicitud realizada el pasado 24 de febrero por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y tiene como objetivo facilitar la participación de estos voceros en los Espacios de Conversación Sociojurídicos impulsados por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, esta medida tendrá una vigencia inicial de seis meses y se enmarca en la estrategia de diálogo con estructuras criminales de alto impacto en el Valle de Aburrá, con miras a avanzar en procesos de sometimiento a la justicia.

En ese sentido, el ente acusador reiteró que la decisión no debe entenderse como un beneficio de excarcelación ni como una suspensión de las responsabilidades penales de los implicados. Por el contrario, se trata de una herramienta jurídica que permite su participación en los espacios de diálogo sin interferir en las competencias de otras autoridades judiciales.

Asimismo, la entidad advirtió que la medida no excluye la posibilidad de capturas en caso de flagrancia. Delitos como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario seguirán siendo investigados y sancionados conforme a la ley.

La decisión está respaldada en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, normas que permiten el desarrollo de estos procesos.

Finalmente, la Fiscalía indicó que la información se divulga por razones de interés general, con el fin de aclarar el alcance de la medida y su aplicación en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, donde se concentran los encuentros de este proceso.

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Redacción Kienyke.com
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