La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró este viernes que la presencia de grupos armados ilegales en escuelas de los departamentos de Nariño y Cauca (suroeste) constituye una grave vulneración del derecho a la educación y pidió al Gobierno que garantice la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares.
Escuelas en medio del conflicto
El pasado lunes, miembros de una disidencia de las antiguas FARC ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, para entregar útiles escolares a niños en una actividad de propaganda armada.
Al día siguiente, se difundieron videos en los que se ve a otro grupo armado de las disidencias acampando en un colegio del Cauca.
Esto alertó a la Defensoría del Pueblo, que recordó que la presencia de estas organizaciones criminales genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa la deserción escolar y afecta el derecho a la educación.
"La exposición a este tipo de hechos incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, lo que profundiza su vulnerabilidad y debilita las garantías para su desarrollo integral", dijo la entidad en un comunicado.
Además, recordó que los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que deben abstenerse de ocupar espacios civiles, como las escuelas, y evitar cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil, en particular a niños y niñas.
Alerta por reclutamiento de menores
"Resulta urgente que el Gobierno nacional y las entidades territoriales adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares", añadió la Defensoría del Pueblo.
En el primer trimestre de este año, la entidad identificó 19 casos de reclutamiento de niñas y niños en los departamentos de Norte de Santander (noreste), Antioquia (noroeste) y Caquetá (sur).
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Asimismo, entre enero y diciembre de 2025 fueron contabilizados 361 reclutamientos de menores, de los cuales el 57 % corresponde a niños y el 54 % a integrantes de comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo afirmó que el futuro de estos niños no puede ponerse en riesgo y solicitó a los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo que implementen propuestas para proteger a los menores del conflicto armado.
