La Policía española liberó a ocho mujeres colombianas de entre 18 y 25 años que eran explotadas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional en el isla de Tenerife (Atlántico), utilizadas como pisos prostíbulos y detuvo a nueve personas de origen venezolano.
Los agentes identificaron a 36 mujeres explotadas y liberaron a ocho de ellas, informó este miércoles la Policía.
Las mujeres eran captadas en Colombia, donde vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, y viajaban a España mediante falsas promesas de obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución.
Adquirían una deuda de 3.000 euros que debían saldar prostituyéndose todos los días de la semana, incluso cuando estaban enfermas de infecciones venéreas. Y si aparecía un cliente en las escasas horas de descanso, eran obligadas a trabajar, sin poder rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente.
Entre los nueve detenidos, que se encuentran en prisión provisional, se hallan los cinco principales responsables del grupo criminal.
La investigación comenzó en 2024 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España para explotarlas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en el sur de Tenerife.
Según la Policía, la organización criminal, dirigida por un clan familiar compuesto por cinco ciudadanos de origen venezolano, se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres colombianas "muy jóvenes".
Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia, con escala en Madrid y, además, les gestionaba un seguro de viaje y una reserva de hotel ficticia, además de darles una cantidad de dinero para que se hicieran pasar por turistas.
Una vez en Tenerife, les retiraban el dinero y las trasladaban hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas.
El grupo criminal se quedaba con el cien por cien de los ingresos que obtenían hasta saldar la deuda inicial contraída, aunque en algunos casos las víctimas llegaron a abonar casi 9.000 euros, tres veces la deuda pactada.
El clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual.
Los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes.
