El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre las versiones de presuntos vínculos entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Ejército y las disidencias de alias “Calarcá”. En particular, se refirió a las acusaciones que involucran al general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército.
Sánchez afirmó que, por ahora, el oficial permanecerá en el cargo, y que solo se tomarán decisiones de relevo si las investigaciones concluyen que tiene responsabilidad en los hechos.
“Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, se tomarán las acciones a que haya lugar. En este momento estamos investigando”, señaló el ministro, al ser preguntado sobre la continuidad de Huertas.
Dos investigaciones en curso
El ministro explicó que hoy existen dos líneas de investigación sobre el caso. La primera de tipo penal, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y otra de carácter disciplinario, adelantada por el Ejército Nacional.
Subrayó que, por tratarse de procesos en curso, la información está amparada por la reserva de las investigaciones, por lo que no puede revelar detalles sobre actuaciones internas.
Sánchez insistió en que el Gobierno busca garantizar que no haya impunidad:“Lo cierto es que se va a garantizar que haya cero impunidad, que se aplique todo lo que corresponde en términos de justicia”.
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La situación del general Huertas en el momento de los hechos
El ministro también se refirió al contexto temporal de las denuncias. Afirmó que, según los datos oficiales, cuando habrían ocurrido los hechos señalados, en julio de 2024, el general Huertas no estaba en servicio activo, pues había sido retirado tres años antes.
Añadió que, de acuerdo con información de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, el general Huertas “nunca participó en actividades que tengan que ver con los diálogos de paz con alias ‘Calarcá’” y que no se le otorgaron facultades formales en ese marco.
Próximos pasos en el caso “Calarcá”
Sánchez recordó que la Fiscalía es la entidad que lleva la investigación penal sobre las presuntas infiltraciones y que, en el marco de la colaboración armónica entre poderes, el Ministerio de Defensa y el Ejército usarán la información que repose en el ente acusador para tomar decisiones administrativas y disciplinarias.
El Ministerio sostiene, por ahora, la línea de que las conclusiones judiciales y disciplinarias serán las que definan el futuro del general Huertas en la institución, mientras el caso sigue bajo la lupa pública por las implicaciones que tiene para la seguridad y la confianza en la Fuerza Pública.
