La controversia por el uso de aeronaves oficiales por parte de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, entonces jefe de gabinete del Ministerio del Interior, sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría General de la República identificara hallazgos fiscales y disciplinarios relacionados con estos desplazamientos.
El organismo de control concluyó que los vuelos realizados hacia la Universidad Popular del Cesar no guardaban relación con las funciones propias de la cartera del Interior, pese a contar con autorización ministerial.
De acuerdo con la documentación obtenida por el ente de control, al menos cinco desplazamientos fueron efectuados en un avión y un helicóptero de la Policía Nacional entre el 19 y el 20 de junio de 2025. El combustible utilizado en estas operaciones tuvo un costo cercano a los 213 millones de pesos, recursos que, según la Contraloría, se cargaron al presupuesto público sin una justificación válida en términos de misionalidad institucional.
El informe señala que, aunque el Ministerio del Interior autorizó los traslados, el propósito de los viajes no se relacionaba con las tareas propias de la entidad. “Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, señala uno de los apartes del documento conocido por esta emisora.
La Contraloría concluyó que la utilización de aeronaves oficiales para asistir a las sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar constituyó una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, que derivó en un menoscabo para el presupuesto del Estado. En concreto, el órgano de control advirtió que el apoyo aéreo solicitado bajo el convenio interinstitucional no tenía relación con las obligaciones misionales del Ministerio y que los vuelos “no resultan consecuentes con la misionalidad ni las funciones del Ministerio”.
Las investigaciones también revelaron que, además de Juliana Guerrero, en los vuelos participaron su hermana Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte, quienes igualmente no cumplían funciones asociadas con el objeto institucional del Ministerio del Interior. Aunque los viajes fueron registrados como desplazamientos para reuniones con la comunidad, los hallazgos demuestran que el verdadero propósito era asistir a la sesión del Consejo Superior de la universidad, en la cual Guerrero tenía participación.
La determinación de la Contraloría abre la puerta a eventuales procesos sancionatorios, tanto fiscales como disciplinarios, que deberán esclarecer las responsabilidades individuales y administrativas en el uso de recursos públicos. Ante estos hallazgos, el organismo solicitará explicaciones formales a las entidades involucradas, incluyendo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para avanzar en las etapas siguientes de la investigación.
La polémica continúa creciendo alrededor del caso, mientras el país espera las decisiones que adopten los entes de control frente al presunto uso indebido de recursos y bienes del Estado para fines ajenos al servicio público.
