El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró este miércoles que al Gobierno le preocupa haber tenido que intervenir por un periodo de un año a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.
"A nosotros nos preocupa haber tenido que intervenir una EPS", expresó el ministro en un debate en la Comisión VII del Senado, donde se votó hoy una ponencia para archivar la polémica reforma a la salud presentada por el Gobierno.
Expresó que el Gobierno hizo todo lo posible para evitar que las EPS fueran insolventes y que pudieran subsistir financieramente.
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Sanitas, perteneciente al grupo español Keralty, es la segunda mayor EPS del país y fue intervenida por el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación, según la Superintendencia de Salud (Supersalud).
Por eso, Jaramillo explicó que el Gobierno acordó con otras EPS, como Sura o Salud Total, su transición de entidades prestadoras de salud a gestoras, como lo prevé la reforma que está a punto de sucumbir en el Congreso.
Crisis en el sistema sanitario
En julio del año pasado, tanto Sanitas como otras dos grandes EPS, Sura y Compensar, le enviaron una carta al ministro de Salud en la que alertaban que el sector atravesaba una crisis financiera, denunciando que estaban desfinanciadas y que el Gobierno les adeudaba servicios.
En noviembre, el Gobierno le pidió a la Contraloría (tribunal de cuentas) levantar el velo corporativo a Sanitas para hacer una verificación de los indicadores financieros que consideraba que esa compañía está incumpliendo.
En ese sentido, el objetivo de la reforma es modificar el sistema de salud pública, enfocándolo más en prevención y atención primaria, incluyendo regiones alejadas donde no hay clínicas ni casi atención.
Esta iniciativa conlleva una pérdida de poder y de gestión de las EPS, empresas privadas que manejan los recursos de los contribuyentes para ofrecer los servicios.
Sin embargo, el proyecto de ley ha sido muy criticado, incluso por congresistas de partidos aliados del Gobierno, como la Alianza Verde, así como por asociaciones médicas y opositores que argumentan que no es viable desde el punto de vista fiscal y que empeorará la atención sanitaria que reciben los colombianos.
"Hemos estado analizando hasta donde los usuarios tenemos el derecho de elegir nuestro prestador o no, ¿Por qué nos tiene que doler que hayan buenas clínicas en algunas ciudades del país? Son un complemento", expresó este miércoles la senadora Norma Hurtado, quien aseguró que votará a favor de la ponencia para archivar la reforma.
