La muerte de Cecilia Quintero, ocurrida el 24 de febrero en Cúcuta, es materia de investigación por parte de las autoridades sanitarias, luego de que la mujer falleciera en una farmacia ubicada en el barrio Los Caobos segundos después de dar una entrevista.
Según la denuncia difundida en redes sociales, Quintero había acudido al punto de dispensación de Cafam para reclamar los pañales de su hijo en condición de discapacidad, que no le entregaban desde diciembre, así como medicamentos para una arritmia cardíaca de su esposo y sus propios tratamientos, ya que era paciente renal.
Todos estaban afiliados a Nueva EPS y, de acuerdo con el relato, tenían fórmulas pendientes de entrega.
El momento quedó registrado en un video grabado por el periodista Jorge Gómez, en el que se observa a la mujer visiblemente afectada antes de desplomarse. Posteriormente fue trasladada, pero falleció.
Respuesta de la EPS
En un comunicado, Nueva EPS lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia. Informó que activó de manera inmediata sus protocolos internos de verificación y seguimiento, y solicitó el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y demás entes de control para garantizar una revisión exhaustiva de los hechos.
La entidad aseguró que trabaja con la red prestadora y autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y que se abstendrá de emitir conclusiones hasta contar con información oficial y verificada.
Por su parte, Droguerías Cafam confirmó que el fallecimiento ocurrió en el punto de dispensación Cafam Caobos, en Cúcuta, tras un trámite de reclamación de medicamentos. Indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos establecidos y se solicitó asistencia de emergencia.
Añadió que, según la información disponible hasta ahora, no se evidenció ninguna situación irregular en los procedimientos de atención y que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer las causas del fallecimiento.
Investigación en curso
El caso ha generado conmoción en la ciudad de Cúcuta y reabre el debate sobre la oportunidad en la entrega de medicamentos y servicios de salud a pacientes con tratamientos prioritarios.
Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos mientras las entidades involucradas reiteraron su disposición a colaborar con la investigación.
