En su Séptimo Informe, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción - CNCLCC, con el apoyo del programa Juntos por la Transparencia, analizó críticamente su funcionamiento, la agenda anticorrupción del pasado gobierno y presentó varias recomendaciones en las que se debe avanzar para enfrentar la corrupción. Como elementos clave para combatirla, se plantea, entre otros, abordarla desde un enfoque de derechos humanos más amplio, no solo desde la concepción del delito, sino desde los impactos que causa en la sociedad y buscando la reparación del daño por parte de los corruptos.
La Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción - CNCLCC llamó la atención sobre las falencias en la protección del denunciante y la ejecución de las políticas dentro de las instituciones, como aspectos claves para combatir la corrupción en el país.
Este es su informe:
Al revisar la gestión del Gobierno durante el último cuatrienio, el informe recopila cuatro casos que son el reflejó de cómo los vacíos institucionales afectan a la población más vulnerable y las maneras en las que actúan los corruptos, que al parecer tienen más capacidad y recursos que el propio Estado para combatirlos. Se destaca que la ciudadanía aún espera los resultados de las investigaciones de las problemáticas de transparencia presentados en la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del Huracán Iota, Centros Poblados, el PAE y las contrataciones derivadas de la pandemia COVID - 19.
Ante el complejo fenómeno de corrupción por el que atraviesa Colombia, a lo largo del texto, se hace énfasis en el fortalecimiento de las instituciones, la revisión de los casos con especial atención a las redes entre caso y caso, así como, la efectividad de los mecanismos de atención a la ciudadanía tanto en el proceso de denuncia como en la visibilización de los resultados.
En cuanto a los retos de las instituciones o de la arquitectura institucional, como se menciona en el Informe, la Comisión realizó sugerencias a distintas entidades entre las que se encuentran la Secretaría de Transparencia, la Comisión Nacional de Moralización, la Comisión Regional de Moralización y organismos de justicia y control como la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.
Al revisar los procesos de la Secretaría de Transparencia, la Comisión sugirió fortalecer el presupuesto como una manera de incrementar los esfuerzos en materia de prevención del delito y articulación de una política pública eficiente contra la corrupción.
Así mismo, en la Comisión Nacional de Moralización y Comisión Regional de Moralización consideraron clave aumentar la visibilización y reconocimiento de ambas entidades ante la ciudadanía al igual que la puesta en marcha de una estrategia anticorrupción que atienda las problemáticas específicas de cada región.
Cerrando los retos, dentro de la arquitectura institucional se hace énfasis en revisar la eficiencia de los procesos de investigación y las garantías de los mismos dentro de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía. Recomiendan que los procesos de cara a la ciudadanía cuenten con resultados y evidencia de los corruptos judicializados, así como el retorno a la sociedad de los bienes y recursos apropiados por los delincuentes.
Sumando a las mejoras en las entidades y el contacto con la ciudadanía, proponen estrechar lazos con organismos internacionales, trabajar en la corresponsabilidad del sector privado y apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil y en los medios de comunicación para así unir esfuerzos en la construcción de una Colombia integral; una Colombia que no esté permeada por la corrupción.
