Desde su llegada a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro prometió romper con la estrategia tradicional de “guerra contra las drogas” y sustituirla por un enfoque de salud pública, justicia social y desarrollo rural. Ante la ONU, declaró: “Ha fracasado la guerra contra las drogas”, y propuso una nueva convención internacional sobre estupefacientes.
Ese viraje quedó plasmado en la Política Nacional de Drogas 2023–2033, que prioriza la sustitución voluntaria de cultivos, la reparación a comunidades vulnerables, la reducción del daño y la atención en salud mental para consumidores. La fumigación aérea con glifosato permanece suspendida, aunque no se ha prohibido, manteniendo vivo el debate ambiental y social.
Avances y retrocesos en el terreno
En los hechos, la erradicación forzada cayó a mínimos históricos: entre febrero y junio de 2024 se eliminaron 2.183 hectáreas, un 65 % menos que en el mismo periodo de 2023. En todo el año se erradicaron unas 9.403 hectáreas, la cifra más baja de la última década.
En contraste, las incautaciones alcanzaron niveles récord: más de 960 toneladas de cocaína en 2024 y más de 1.100 toneladas en todo el actual gobierno. Sin embargo, el área cultivada sigue creciendo: en 2023 Colombia registró 253.000 hectáreas de coca, el nivel más alto desde que hay mediciones, y la producción potencial de cocaína llegó a 2.664 toneladas, según la ONU.
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) sigue rezagado: más de 99.000 familias esperan apoyo real para dejar la coca, mientras en regiones como Catatumbo el gobierno retomó pagos mensuales de 1,28 millones de pesos a campesinos que erradiquen voluntariamente y siembren productos como café o cacao.
Reformas legales y obstáculos institucionales
Entre las iniciativas más destacadas, el Ejecutivo impulsó la Ley de Utilidad Pública, que busca sustituir penas de cárcel para mujeres cabeza de hogar involucradas en microtráfico. Aunque fue aplaudida por organizaciones sociales, su aplicación ha sido limitada y enfrenta resistencia en el sistema judicial.
El gobierno también ha evitado reactivar la fumigación con glifosato, pero la falta de una prohibición definitiva deja abierta la puerta para que futuros gobiernos retomen esta práctica.
Narcotráfico y conflicto armado: un frente sin resolver
La política de Paz Total, que plantea negociaciones con todos los actores armados, ha chocado con la realidad en zonas cocaleras. En El Plateado (Cauca) y el Catatumbo, enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han provocado cientos de desplazamientos y decenas de muertes en lo que va de 2025.
El narcotráfico sigue siendo el principal motor de violencia y una amenaza para la estabilidad territorial, pese a los esfuerzos por golpear sus finanzas y ofrecer salidas legales a comunidades rurales.
Visibilidad internacional y deuda interna
En el escenario internacional, Petro ha defendido en la ONU y en la COP16 de Biodiversidad la necesidad de reemplazar la guerra contra las drogas por un enfoque de salud pública, logrando respaldo de países como México, Bolivia y Honduras en foros multilaterales. Sin embargo, en Colombia, la falta de avances en programas como el PNIS, el récord histórico de 253.000 hectáreas de coca y la persistencia de la violencia en zonas cocaleras muestran que el giro de política aún no se traduce en cambios estructurales para las comunidades productoras.
El último año de gobierno será decisivo para definir si el cambio de enfoque en la política antidrogas logra traducirse en resultados tangibles. Cumplir con el apoyo a más de 99.000 familias del PNIS y frenar la expansión de las 253.000 hectáreas de coca registradas en 2023 serán pruebas clave para evitar que esta apuesta termine marcada como otro intento frustrado en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
