La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Justicia y del Derecho, y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de la población privada de la libertad que se encuentra en estaciones de policía, URI y sitios de detención transitoria, a las cárceles del país para prevenir la propagación y contagio por covid-19.
En carta dirigida a la ministra, Margarita Cabello Blanco, y al director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime, el ente de control alertó sobre las cifras reportadas por el Fondo Nacional de Salud para la PPL, que para el 5 de julio de 2020, registraba 3.023 detenidos positivos para covid-19.
Señaló que con corte al 6 de julio el Inpec reportó 108.622 personas privadas de la libertad a cargo de esa institución, con un hacinamiento de 34,22%, que equivale a una sobrepoblación de 27.694, cifra que aumentará como consecuencia del ingreso a las diferentes cárceles del país de los condenados y detenidos con perfil del ato riesgo.
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La Procuraduría hizo un llamado para que los planes y protocolos que se diseñen se apliquen teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria perdurará durante un término que es imposible de definir, y en las condiciones actuales impera la necesidad de persistir en las medidas de deshacinamiento de las cárceles de Colombia, con la finalidad de garantizar la salud y la vida de la población privada de la libertad.
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También solicitó al Gobierno nacional remitir a las procuradurías delegadas para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente y la Defensa de los Derechos Humanos, los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del covid-19 instaurados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país que garanticen la protección de los derechos a la vida y salud de la PPL.
