Procuraduría solicitó el traslado de personas de URIs a cárceles para evitar contagios

Publicado por: sebastian.alvira el Jue, 09/07/2020 - 13:00
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La Procuraduría pidió al INPEC la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de la población privada de la libertad.
Procuraduría solicitó medidas urgentes

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Justicia y del Derecho, y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de la población privada de la libertad que se encuentra en estaciones de policía, URI y sitios de detención transitoria, a las cárceles del país para prevenir la propagación y contagio por covid-19.

En carta dirigida a la ministra, Margarita Cabello Blanco, y al director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime, el ente de control alertó sobre las cifras reportadas por el Fondo Nacional de Salud para la PPL, que para el 5 de julio de 2020, registraba 3.023 detenidos positivos para covid-19.

Señaló que con corte al 6 de julio el Inpec reportó 108.622 personas privadas de la libertad a cargo de esa institución, con un hacinamiento de 34,22%, que equivale a una sobrepoblación de 27.694, cifra que aumentará como consecuencia del ingreso a las diferentes cárceles del país de los condenados y detenidos con perfil del ato riesgo.

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La Procuraduría hizo un llamado para que los planes y protocolos que se diseñen se apliquen teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria perdurará durante un término que es imposible de definir, y en las condiciones actuales impera la necesidad de persistir en las medidas de deshacinamiento de las cárceles de Colombia, con la finalidad de garantizar la salud y la vida de la población privada de la libertad.

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También solicitó al Gobierno nacional remitir a las procuradurías delegadas para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente y la Defensa de los Derechos Humanos, los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del covid-19 instaurados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país que garanticen la protección de los derechos a la vida y salud de la PPL.