Un reporte de The Associated Press aseguró este viernes que la DEA clasificó al presidente Gustavo Petro como “objetivo prioritario” dentro de pesquisas por presuntos vínculos con narcotraficantes. La información añade un elemento nuevo al caso conocido horas antes: además de las averiguaciones preliminares que adelantan fiscales federales en Nueva York, la principal agencia antidrogas de Estados Unidos habría ubicado al mandatario colombiano en una categoría interna de alta sensibilidad..
Lo que cambia en esta nueva revelación no es, en estricto sentido, la existencia de una investigación. Esa parte ya estaba sobre la mesa: fiscales federales de Brooklyn y Manhattan revisan señalamientos sobre posibles nexos de Petro o de personas de su entorno con narcotraficantes, en una pesquisa que sigue en etapa inicial. La diferencia ahora es otra: según ese reporte, la DEA lo tenía marcado como “priority target”, una etiqueta reservada para sospechosos a quienes la agencia atribuye un “impacto significativo” en el comercio de drogas.
De acuerdo con la información publicada, los registros de la DEA ubican a Petro en varias líneas de investigación abiertas desde 2022, muchas de ellas apoyadas en testimonios de informantes confidenciales. Entre los asuntos revisados aparecen presuntos contactos con el cartel de Sinaloa, acusaciones sobre un eventual uso de la política de “Paz Total” para favorecer a narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial y señalamientos sobre supuestas redes para mover cocaína y fentanilo por puertos colombianos. Son hipótesis de investigación, no conclusiones judiciales.
La investigación sigue abierta y sin cargos
Ese matiz es central. Tanto el reporte sobre la investigación en Nueva York como la nueva información sobre la DEA coinciden en que el caso sigue en una fase preliminar y que no está claro si terminará en cargos penales contra el presidente colombiano. Medios estadounidenses han señalado que Petro está bajo examen dentro de investigaciones criminales en Estados Unidos, pero no sería el objetivo principal de esas indagaciones.
También se mantiene la opacidad institucional. Los fiscales federales estadounidenses declinaron comentar. La DEA no respondió a solicitudes de prensa. Y la Presidencia de Colombia, según los reportes publicados, evitó pronunciarse sobre investigaciones en curso. Por ahora, el caso sigue sostenido en filtraciones atribuidas a fuentes familiarizadas con el expediente y en referencias a documentos no divulgados públicamente.
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La respuesta de Petro
Petro sí reaccionó. En su cuenta de X, rechazó de forma tajante las acusaciones y escribió: “Es obvio que no tengo vínculos con organizaciones criminales. Detesto a los narcotraficantes porque cometieron un genocidio en Colombia”. En el mismo mensaje insistió en que su política ha sido de confrontación contra las grandes estructuras del narcotráfico, aunque manteniendo un enfoque diferenciado frente a campesinos cocaleros.
Un caso con efecto político inmediato
La revelación golpea en un momento especialmente sensible. La relación entre Bogotá y Washington viene de meses de tensión por la política antidrogas, las diferencias con Donald Trump y los choques alrededor de sanciones, migración y seguridad. Reuters recordó que, pese a esos roces, ambos gobiernos habían mostrado señales de distensión tras una reunión en la Casa Blanca en febrero. Por eso, una filtración de este calibre no solo reabre el frente judicial, sino también el diplomático.
