Luego de varios intentos de la defensa de Sandra Ortiz por recuperar su libertad, un juez accedió a la petición y ordenó la salida inmediata de la exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías, que concedió la libertad por vencimiento de términos, al considerar que se superaron los plazos establecidos por la ley sin que iniciara formalmente el juicio oral en su contra.
Ortiz continuará vinculada al proceso penal y deberá enfrentar el juicio en libertad.
Según indicó el juez, ya pasaron 329 días sin que inicie formalmente el juicio. El despacho señaló que se excedieron 89 días frente al término previsto legalmente, razón por la cual aprobó la solicitud de la defensa.
En total, desde el momento de su captura han pasado 473 días sin que comience el juicio. Sin embargo, hubo descuentos por apelaciones ante el tribunal e incapacidades médicas, lo que llevó a que un juez de conocimiento certificara los 329 días tenidos en cuenta para la decisión.
El debate por los tiempos del proceso
Durante la audiencia, uno de los puntos centrales fue el cómputo de términos en el proceso que se adelanta contra Sandra Ortiz, especialmente por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía y la representación de víctimas habían señalado que algunas actuaciones de la defensa debían ser descontadas por considerarlas posibles maniobras dilatorias. Entre ellas se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y diligencias relacionadas con la preparación de la estrategia jurídica.
La defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, sostuvo que esas actuaciones correspondían al ejercicio legítimo del derecho a la defensa y no podían interpretarse como maniobras para retrasar el proceso.
La Procuraduría respaldó esa postura y consideró que las actuaciones cuestionadas hacían parte del debido proceso.
Frente a ese punto, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley.
“Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.
El funcionario judicial también preguntó: “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, al explicar que no era razonable derivar consecuencias negativas por aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa.
Reacciones tras la decisión
Tras conocerse la decisión, Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como “lamentable” que se haya aplicado el vencimiento de términos en este caso.
“Es totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten. Estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse porque no podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos”, afirmó.
La decisión se conoce mientras el escándalo de la UNGRD continúa avanzando en otros frentes judiciales. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre a Martha Peralta y Berenice Bedoya por hechos relacionados con este caso.
Sandra Ortiz y su papel en el caso UNGRD
Sandra Ortiz fue detenida en diciembre de 2024 y trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras avanzaban las investigaciones por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD.
La Fiscalía General de la Nación la señala de haber actuado como presunta intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Según el ente acusador, Ortiz habría transportado maletas con cerca de $3.000 millones en efectivo, presuntamente destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name.
La investigación se apoya principalmente en testimonios de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han señalado que Ortiz habría participado en la entrega de esos recursos.
En el mismo expediente también se ha mencionado al expresidente de la Cámara Andrés Calle, quien, según la Fiscalía, habría recibido $1.000 millones. Los pagos, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, buscaban facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso.
Ortiz ha negado las acusaciones y en una audiencia reciente denunció presuntas presiones para declarar contra ministros del Gobierno Petro.
“Y como se lo dije un día al coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: ‘Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”, afirmó.
La exfuncionaria también sostuvo que no tuvo relación con la contratación de la entidad.
“Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo qué tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”, añadió.
Sandra Ortiz saldrá en las próximas horas de la Estación de Policía de Carabineros de Bogotá, pero seguirá compareciendo dentro del proceso penal por uno de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos años en Colombia.
