La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una serie de medidas drásticas contra hoteles en La Guajira y en el archipiélago de San Andrés y Providencia, tras detectar graves irregularidades en materia de seguridad eléctrica y de gas, que ponen en riesgo la vida e integridad de huéspedes, trabajadores y visitantes.
La entidad, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los reglamentos técnicos RETIE (instalaciones eléctricas), RETILAP (iluminación y alumbrado público) y el de Instalaciones Internas de Gas Combustible, intensificó sus visitas en destinos turísticos de alta afluencia. La decisión se produce luego de la tragedia registrada en San Andrés, donde murieron dos adultos y un menor de cuatro años, todos miembros de una misma familia bogotana.
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Cierres totales y parciales en Palomino y San Andrés
En Palomino (La Guajira), la SIC ordenó el cierre inmediato de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, ambos pertenecientes a la sociedad Villa Delia Palomino Beach S.A.S.. Durante las inspecciones, los funcionarios encontraron conductores eléctricos expuestos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación, entre otras irregularidades graves que contravienen las normas técnicas.
En San Andrés y Providencia, las órdenes se dirigieron a reconocidos establecimientos como el Hotel Decameron Los Delfines, el Hotel Las Américas, el Hotel Portobelo Convention Center y el Hotel Toné Blue, donde se detectaron fallas críticas en las instalaciones internas de gas. Entre ellas, la falta de ventilación adecuada en espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y ausencia de avisos preventivos obligatorios.
La SIC impuso cierres parciales, como el de la zona de cocinas en el Hotel Toné Blue, y exigió acciones correctivas inmediatas a sociedades como Servincluidos Ltda., Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Ltda. y Hoteles Portobelo SAI S.A., responsables de los establecimientos.
Avanza investigación sobre la muerte de familia bogotana
El caso más delicado que motivó estas intervenciones es el de la familia bogotana integrada por Viviana Andrea Canro, su esposo Tito Nelson Martínez y su hijo Kevin Matías, de cuatro años, quienes fueron hallados sin vida el pasado 9 de julio de 2025 en una habitación de un hotel en San Andrés.
Aunque inicialmente se informó que los hechos ocurrieron en el Portobelo Convention, familiares y testigos aclararon que la tragedia ocurrió en el Hotel Toné II, ubicado frente a la playa Bahía Sardina. Según Mayerli Andrea Canro, hija de las víctimas, la primera versión “no es exacta” y precisó que el deceso se dio en instalaciones del Toné, lo que también fue confirmado por Orlando Canro, padre de la familia.
El propio Hotel Portobelo Convention emitió comunicados aclarando la confusión administrativa: aunque los padres de Viviana reservaron en marzo de 2025 en el Toné II, ella, su esposo y su hijo habían hecho una reserva distinta en octubre de 2024 en el Portobelo. Ambas reservas, indicó la administración, fueron gestionadas en fechas diferentes y bajo registros turísticos separados, lo que generó la controversia inicial.
La línea de investigación por fumigación
La investigación también tomó un giro inesperado cuando se conoció que la habitación donde se hospedó la familia fue fumigada días antes de su llegada por la empresa Livingston & Company E.U., contratada desde 2012. La gerencia del hotel solicitó a la firma un informe detallado sobre los productos empleados, las fichas técnicas, el personal que ejecutó la labor y las condiciones de la operación, con el fin de establecer si hubo algún vínculo entre los químicos utilizados y el fallecimiento de los turistas.
Un detalle inquietante revelado en el proceso es que, el día anterior a la tragedia, la pareja solicitó cambiarse de habitación debido a un fuerte olor percibido en el cuarto. Sin embargo, la administración les informó que no era posible por alta ocupación, por lo que permanecieron en el mismo espacio.
En paralelo, el hotel aclaró que en esa área no existen tuberías de gas, reduciendo la hipótesis de una fuga como causa del hecho. Como medida preventiva, la dirección suspendió la operación del piso completo donde ocurrió la tragedia, mientras avanzan las pesquisas oficiales.
SIC advierte sanciones millonarias
La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró que el incumplimiento de sus órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, según el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Asimismo, anunció que seguirá priorizando inspecciones en zonas turísticas estratégicas para prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras en hoteles y alojamientos del país.
“En memoria de las vidas perdidas y como lección aprendida de esta tragedia, la SIC continuará realizando inspecciones rigurosas, para que hechos como los ocurridos en San Andrés no se repitan”, señaló la entidad
