Sudán, ubicado en el nororiente de África en la frontera sur de Egipto, viene presentando desde el 2023 una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XXI que deja un saldo estimado de más de 150.000 civiles asesinados y más de 12 millones de personas desplazadas. Hace unas semanas, en la ciudad de Al Fasher, se reportó la masacre de 460 civiles que se encontraban en un hospital quienes estaban intentando huir de la barbarie, de acuerdo a lo informado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Este horror, que podría parecer distante, tiene un componente dolorosamente cercano: una de las partes en conflicto cuenta entre sus filas con mercenarios colombianos.
La dinámica política de Sudán de los últimos 15 años se ha visto marcada por la inestabilidad y el uso de las armas. Para el año 2013, el entonces presidente Omar Al-Bashir formalizó la creación de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) como una fuerza paramilitar comandada por Mohamed Hamdan Dagalo que tenía como propósito inicial servir de apoyo al ejército sudanés para combatir a opositores al gobierno ubicados en Darfur, región occidental de Sudán que colinda con Libia, Chad, la República Centroafricana y Sudán del Sur y que se ha escenario de múltiples guerras civiles. En Darfur, los conflictos interétnicos y la lucha por el agua —agravada por la desertificación— han sido gasolina permanente para la violencia.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido tienen su origen en el conflicto de Darfur del 2003, siendo inicialmente conocidos como yanyauid, un grupo conformado por miembros de tribus árabes sudanesas a quienes el gobierno armó para combatir al Frente de Liberación de Darfur y el cual ha sido acusado de cometer un genocidio. Desde entonces, se consolidaron como una fuerza militar puesta al servicio de múltiples conflictos, como el de Yemen y Libia, además de servir como control para la migración irregular de personas desde África hacia el Mediterráneo.
En el 2014 las RSF participaron en la operación militar “Verano Decisivo” junto con el Ejército Sudanés en las regiones de Darfur del Norte y Darfur del Sur, extendiendo luego su operación a Darfur Central y otras regiones de Sudán. Entre 2015 y 2016, las RSF desarrollaron campañas que implicaron el despliegue del grupo en zonas fronterizas de Sudán, así como operaciones de desarme en todo el país, momento en el que este grupo tomó posesión de la mina de oro de Jebel Amir, cuyos ingresos empezarían a financiar a esta estructura armada.
Para abril del 2019, se desencadenó un golpe de Estado, producto de las protestas masivas en contra del aumento de precios y el régimen de Bashir, teniendo como consecuencia el arresto del presidente por parte de las fuerzas militares, incluidas las RSF. Sudán inició entonces un régimen de transición mediante la alianza de líderes y la creación del Nuevo Consejo Soberano Cívico-Militar, en el que participó el Comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamen Hamdan Dagalo, también conocido como Hemedti.
El 25 de abril de 2021 se presentó un segundo golpe de Estado, donde se introdujeron planes de integración de las RSF al Ejército de Sudán. Este fue el punto de quiebre para desencadenar la guerra, puesto que Hemedti no estaba dispuesto a ceder el dominio territorial, poder político y autonomía que habían consolidado las RSF. El 15 de abril de 2023 las RSF se tomaron la ciudad de Jartum, capital Sudán, desatando la espiral de violencia que se vive hoy en el país.
En un país inestable, escenario de conflictos étnicos devastadores, las RSF se han consolidado como una fuerza militar capaz de sostener un conflicto prolongado gracias a sus alianzas con países interesados en el oro de Darfur, además de poder servir como fuerza de apoyo en otros conflictos de la región como el de Yemen o Libia.
La participación de nuestros nacionales en esta horrible guerra se ha visto marcada por crímenes de guerra y violación sistemática de derechos humanos. En agosto se notificó de la presencia de colombianos en Zamzam, el campo de desplazados más grande de Sudán el cual fue tomado por las RSF en abril, ejecutando una de las peores masacres de la guerra que dejó un saldo de entre 300 y 1.500 muertos.
En la ciudad de Nyala, capital de Darfur del Sur y uno de los fortines de las RSF, un exmilitar colombiano tomó una fotografía de cómo junto con otros nacionales se encontraban entrenando niños para la guerra. “César”, como se presentó el fotógrafo, afirmó que fue instructor en campos donde llegaban entre 1.000 y 3.000 sudaneses para ser entrenados, la mayoría siendo niños de entre 10 y 11 años.
Pero, ¿cómo un ex militar colombiano llega al África septentrional a entrenar niños para una guerra ajena? La respuesta, además de la obvia que es el dinero, tiene que ver con la manera en la que opera el negocio internacional del mercenarismo y los intereses que hay en juego en Sudán.
Investigaciones adelantas por La Silla Vacía revelan que quien ha estado a cargo de contactar y trasladar a los exmilitares colombianos ha sido la empresa A4SI, la cual aparece a nombre de Claudia Viveros pero qué, de acuerdo a su antiguo socio, es dirigida por el ex Coronel Álvaro Quijano, quien salió del Ejército bajo investigaciones por presuntos nexos con el Cartel del Norte del Valle. A4SI actúa como la socia en Colombia de la empresa emiratí Global Security Services Group, ofreciendo supuestos trabajos ligados con el cuidado de pozos petroleros en Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué una empresa emiratí quiere alimentar el conflicto? Por el interés que tienen en el oro de Darfur, además del apoyo que pueda brindar la RSF a los hutíes en Yemen.
Se presume que al menos 300 colombianos han terminado en Sudán, bajo engaños, por la gestión de Quijano y su empresa A4SI, e incluso su antiguo socio ha afirmado que su meta es enviar a 1.500 mercenarios colombianos para tener ganancias de más de $32 mil millones de pesos. El primer contingente de 172 mercenarios colombianos llegó en noviembre del 2024, y se calcula que ya van más de 380 nacionales participando en el conflicto sudanés del lado de las RSF.
El 29 de octubre se vivió uno de los episodios más cruentos de la guerra. Las RSF se tomaron la ciudad de Al Fasher, uno de los últimos bastiones del ejército sudanés en Darfur. Imágenes satelitales muestran los cadáveres en masa de las masacres perpetradas por las RSF. Hay, además, múltiples videos grabados de los miembros de las RSF asesinando a civiles y abusando sexualmente de las mujeres y niñas. Es sin duda alguna una de las peores crisis de derechos humanos de tiempos recientes, un muy triste hito solamente comparable al genocidio que se vive en Palestina y que tiene en común, además, el uso del hambre como arma de guerra.
Y, en medio de tanta barbarie, hay al menos 380 colombianos siendo parte de la destrucción de un pueblo, formando a niños para perpetrar los crímenes más viles, poniendo la formación recibida en las Fuerzas Armadas de Colombia al servicio de la muerte. Colombia tiene la obligación de parar el abastecimiento de mercenarios debido a este conflicto, para lo cual es imprescindible que el Congreso ratifique la Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, la cual está estancada en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Es una obligación moral, es tener un mínimo de humanidad. Por cada minuto que pasamos sin aprobar la Convención permitimos que empresas como A4SI usen los vacíos jurídicos existentes frente al mercenarismo para llevar a más colombianos a alimentar una catástrofe que se ensaña con los más débiles, con quienes de por sí sufren en mayor medida la tragedia climática para ser además víctimas de los fusiles
