En la tarde de este lunes 10 de noviembre, un juez de la capital ordenó el ingreso a prisión de José Eduardo Chalá Franco, el conductor de taxi involucrado en el grave siniestro vial ocurrido en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal (Bogotá). En el hecho, 11 personas resultaron arrolladas, entre ellas cuatro menores de edad.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, ante el cual Chalá Franco aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales agravadas dolosas.
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Cómo se produjo el accidente
El siniestro quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en que el vehículo de placas VDW 626 avanza a alta velocidad por una vía del sector, impactando a un grupo de peatones que cruzaba la calle.
La escena dejó 11 personas heridas, entre ellas dos menores de 7 y 15 años, quienes permanecen en el Hospital Santa Clara con diagnóstico de muerte cerebral.
Los demás lesionados fueron trasladados a diferentes centros médicos de la ciudad dada la gravedad de sus afectaciones.
Medida de aseguramiento en centro carcelario
Tras escuchar la aceptación de cargos del procesado y los argumentos de la Fiscalía, el despacho judicial ordenó su reclusión en cárcel mientras avanza la investigación penal.
La gravedad del episodio, el número de víctimas y los antecedentes del conductor llevaron al juez a concluir que la detención era necesaria.
Reacciones: indignación en Bogotá
El caso ha generado fuerte malestar en la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán manifestó su solidaridad con los afectados y pidió que la justicia proceda con contundencia.
“Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado hemos acompañado a los familiares. Reiteramos nuestro compromiso para hacer que el responsable pague por sus actos”, afirmó el mandatario.
Mientras el acusado permanece en prisión, las familias de los menores afectados aguardan noticias sobre su estado de salud. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para sustentar el avance del proceso judicial y un eventual juicio.
