La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una sanción a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), esto se debe a que la compañía no habría atendido las quejas y reclamos impuestas por las inconformidades de los clientes.
La autoridad decidió fijar esta decisión debido a que se conocieron las inconsistencias en las que se argumentó una denuncia en la que la empresa habría incumplido su respuesta ante las inconformidades que se han presentado por las faltas en la prestación del servicio ofrecido por ETB.
Según la entidad, no se evidenció la respuesta oportuna a los usuarios que brindaron quejas ante la compañía. La Superintendencia encontró que el prestador del servicio incurrió en la omisión de atender y contestar de manera oportuna las inconformidades de los usuarios, así, la empresa incurre en la figura de silencio administrativo.
ETB tendrá que pagar un monto de 245 millones de pesos como multa por haber desconocido el legítimo derecho de los clientes a ser atendidos y para que se les diera tratamiento a las quejas y reclamos impuestas ante la compañía.
La SIC evaluó en específico dos denuncias interpuestas a la empresa, en el seguimiento de los casos se determinó que ETB incurrió en la omisión de las quejas lo que permitió impartir órdenes administrativas al operador por las constantes faltas para atender las peticiones del operador.
“La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo conocimiento de algunas denuncias interpuestas ante esta autoridad, en las cuales se advirtió que los usuarios presentaron reclamaciones en sede de empresa y no existía evidencia que permitiera inferir que hubiesen sido objeto de respuesta”, anunció la entidad.
Según la SIC, la empresa incurrió en la falta de respuesta oportuna y legal hacia los clientes, no se realizó el tratamiento a las peticiones en las PQR realizadas a la compañía ni tampoco se le informó a los usuarios la respuesta en el marco legal a los usuarios que impusieron las dos multas analizadas por la Superintendencia.
Esta decisión se da con el fin de velar por los derechos de los consumidores que adquieren todo tipo de productos con la compañía. La decisión de la SIC que impone la millonaria multa podrá ser apelada y contar con los recursos de reposición.
