Los padres de la pequeña Alejandra Lineros Goubert, quien falleció el 6 de junio de 2012 a causa de un mal diagnóstico médico, ya tienen respuestas por parte de las autoridades después de luchar varios años para que las personas y entidades involucradas en la muerte de su hija respondieran ante la justicia y asumieran su responsabilidad.
El abogado Carlos Sánchez, de la firma De La Espriella Lawyers, informó que esta semana el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la sentencia proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito en la que se declaró civilmente responsables a la Clínica Shaio y Aliansalud EPS por ocasión de la muerte de la menor de 11 años de edad, quien en un primer momento fue diagnosticada en ese centro médico con gastritis cuando en realidad sufría de diabetes severa.
Sánchez explicó que en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá se dejó claro que a la menor no se le brindó una atención oportuna y que tampoco se le dieron todos los cuidados que requería para efectos de recuperación de su salud, lo que provocó su fallecimiento.
Aclaró que en la decisión no se tuvo en cuenta la principal defensa presentada por la Clínica Shaio y Aliansalud EPS, la cual decía que los padres de la menor, Fabian Lineros y Eveline Goubert, habían tenido algún tipo de responsabilidad en su muerte.
“De cara a los elementos de juicio antes reseñados se tiene que el servicio de salud brindado a la niña Alejandra Lineros Goubert en los dos primeros ingresos a urgencias de la fundación enjuiciada no fue diligente ni adecuado, pues ante los síntomas por ella manifestados, antes -sed con evolución de 15 días, vómito, diarrea, dolor abdominal- y después –persistencia del vómito y náuseas-, debieron disiparse las causas de sus dolencias mediante la práctica de exámenes complementarios, pero nada se hizo por parte de los dos facultativos que en principio la atendieron”, dice el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión también afirma que quienes atendieron a la menor de edad emitieron un diagnóstico apresurado, y permitieron la funesta evolución del cuadro de cetoacidosis diabética que en realidad la aquejaba, que se complicó por la demora en detectarlo.
El abogado Carlos Sánchez agregó que las entidades Clínica Shaio y Aliansalud EPS fueron condenadas a las más altas cuantías, para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales y daño a la vida de relación en favor de los demandantes.
Un médico fue condenado por la muerte de Alejandra Lineros
En el proceso por la muerte de Alejandra Lineros fue condenado el médico Andrés Eduardo Carvajal Sabogal, quien fue la persona que atendió a la menor en la Clínica Shaio. En 2018, un juez con función de conocimiento lo halló responsable de los delitos de homicidio culposo y negligencia médica y lo condenó a 36 meses de prisión.
En junio de 2012 la niña llegó con sus padres a la clínica porque presentaba dolor abdominal. Los familiares aseguraron en el proceso de investigación que el médico Carvajal omitió los protocolos puesto que no la examinó pero si le diagnosticó gastritis y la envió para su casa luego de recomendarle comer frutas dulces.
Tras el diagnóstico, Alejandra Lineros comenzó a desvariar y a hablar incoherencias, motivo por el cual fue internada en la clínica, donde le realizaron una glucometría en la que se evidenció un nivel de azúcar muy elevado, lo que le provocó una cetoacidosis diabética severa.
La Fiscalía General contó que, una vez en cuidados intensivos, la menor sufrió un edema cerebral y el 6 de junio un endocrino pediatra determinó la muerte cerebral. Esa noche, la pequeña falleció.
El 21 de septiembre de 2018, un juez con función de conocimiento, basado en las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá, emitió la condena y le concedió al médico Andrés Eduardo Carvajal la libertad condicional por carecer de antecedentes penales. Esta decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en enero de 2019.
El médico está a la espera de la decisión final de su caso ya que su defensa interpuso un recurso ante la Sala de Casación de Penal de la Corte Suprema de Justicia.
