La detención de Álvaro Uribe es un hecho que marcará la historia reciente de Colombia, pues es la primera vez que a un expresidente de la República se le impone una medida de este tipo mientras se avanza con una investigación en su contra.
La decisión la tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, en medio del proceso que se le adelanta al máximo líder del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos. Los delitos por los que se le procesa son: soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Al exmandatario se le señala de haber manipulado el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena para que, a cambio de dinero y beneficios carcelarios, torciera su versión en contra del hoy senador Iván Cepeda.
El abogado Diego Cadena enfrenta un proceso penal paralelo por este mismo caso. La Fiscalía le imputó la semana pasada los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal porque, al parecer, entre los años 2017 y 2018 recorrió varias cárceles del país para buscar testigos que declararan en favor del expresidente Álvaro Uribe.
Según la Fiscalía, aparte de intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, Cadena visitó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez y le ofreció 200 millones de pesos para que torciera su versión en contra de Cepeda y así beneficiara a Uribe en el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué la Corte Suprema ordenó la detención de Álvaro Uribe?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe por unanimidad. Explicó que el senador del Centro Democrático deberá cumplir la privación de la libertad en su residencia y que desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso.
Según el alto tribunal, la detención de Álvaro Uribe se adoptó con base a un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal. A su juicio, el exmandatario podría obstruir la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que lo involucran a él y al representante Álvaro Hernán Prada.
“Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, indicó.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia explicó que la detención de Álvaro Uribe la ordenó al escuchar sus declaraciones en la indagatoria realizada en octubre de 2019 y después de analizar los testimonios, grabaciones e interceptaciones telefónicas que indicarían su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
¿Qué opinan los expertos de la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe?
Algunos expertos aseguran que la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe ordenada por la Corte Suprema de Justicia es abiertamente “desproporcionada”.
El abogado Diego Suárez mencionó a KienyKe.com que la resolución que define la situación jurídica del procesado y que determina si tiene que cumplir una medida privativa de la libertad “no es una evaluación de responsabilidad penal”, pues Uribe todavía no ha sido declarado culpable.
Indicó que en este escenario no se establece si efectivamente son ciertos o no los hechos denunciados sino que se evalúa la condición personal de quien es investigado para determinar si su libertad de alguna forma puede perturbar el proceso judicial que apenas comienza.
“El expresidente Álvaro Uribe no tiene antecedentes penales, se ha caracterizado por su colaboración y disposición a la justicia. A voces de la misma corte ya se recaudó gran parte del caudal probatorio, lo que impediría que el mismo sea manipulado. Su condición de ser una persona pública hace que tenga un control social permanente y pensar en una posible fuga es imposible. El proceso está en su etapa más primigenia y la afectación a un derecho fundamental tan importante como la libertad claramente excede el fin que pretende el legislador con la medida de aseguramiento”, aseguró.
El abogado Diego Suárez también señaló que se esté procesando al expresidente Álvaro Uribe por una presunta manipulación de testigos no puede tenerse como argumento para sustentar la medida de aseguramiento, debido a que interpretarlo de esa forma “viola flagrantemente el principio de la presunción de inocencia”.
“Lo que debió evaluarse es si existía o no la posibilidad de incidir en las pruebas, pero como lo hemos visto en los medios de comunicación, la corte escuchó la declaración de los principales testigos y por supuesto ya no existe la posibilidad de que los mismos sean manipulados. No existe una sola declaración o indicio siquiera que acredite que el senador o su defensa hayan influenciado alguno de los declarantes en este proceso”, finalizó.
