La polémica en torno al caso de Epa Colombia, nombre con el que es conocida Daneidy Barrera Rojas, vuelve al centro del debate judicial y mediático en Colombia. Cumpliendo una sentencia de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor desde el 27 de enero de este año, ella podría recuperar su libertad antes de lo previsto gracias a un acuerdo reparador con las entidades afectadas por sus actos vandálicos durante las protestas de 2019.
El episodio que llevó a la empresaria de queratinas a prisión ocurrió durante una jornada de manifestaciones sociales en Bogotá, cuando fue captada destruyendo una estación del sistema de transporte masivo TransMilenio, específicamente en la estación Molinos, al sur de la ciudad. Aunque el hecho ocurrió hace casi seis años, su reciente reclusión ha reabierto la discusión sobre la proporcionalidad de las penas y las alternativas a la prisión tradicional.
El acuerdo que podría cambiar el destino de Epa Colombia
Su abogado, el reconocido penalista Francisco Bernate, informó a Noticias Caracol que se logró un acuerdo de reparación con Recaudo Bogotá S.A.S., la empresa encargada del cobro de pasajes en TransMilenio. El monto pactado fue de 7.478.185 pesos colombianos. Además, también se acordó un pago de 50 millones de pesos a Chubb Seguros, la aseguradora que cubría los daños a la estación.
Este pacto, sostiene Bernate, abre la puerta para solicitar una excarcelación basada en justicia restaurativa, una figura jurídica que permite sustituir la cárcel por mecanismos de reparación social, siempre que haya un reconocimiento del daño por parte del agresor y voluntad de resarcir a la comunidad.
Una propuesta que busca marcar precedente
“El propósito es lograr una salida que beneficie a todas las partes: a la sociedad, que recibe una reparación; a TransMilenio, que ve resarcidos los daños; y a mi defendida, que puede resarcir el daño sin permanecer encerrada”, explicó Bernate.
El abogado agregó que se busca un modelo en el que Epa Colombia cumpla su condena a través de acciones sociales, posiblemente participando en campañas educativas o actividades comunitarias vinculadas al transporte público, una propuesta que califica como “innovadora” dentro del sistema penal colombiano.
“Esto ya se ha aplicado en otros países y es legalmente viable. Es una alternativa moderna que podría convertirse en un nuevo paradigma para el derecho penal colombiano”, aseguró Bernate, quien también enfatizó que la negativa inicial del juzgado a conceder prisión domiciliaria ha afectado emocionalmente a su cliente.
