El abogado de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, Francisco Bernate, confirmó que el pasado miércoles 20 de agosto en la mañana se ejecutó el traslado de la influenciadora. La joven ya no permanecerá bajo custodia del Inpec, sino en un espacio diferente dentro de una guarnición militar-policial, lo que marca un giro importante en la manera en que continuará cumpliendo su condena.
Más allá de la controversia política y mediática que rodea su traslado, Barrera ha sido reconocida por convertir las adversidades en oportunidades. Durante su paso por la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, puso en práctica ese espíritu emprendedor que la llevó a construir un negocio sólido fuera de los muros: en prisión se dedicó a elaborar manillas artesanales con el fin de acogerse a los beneficios de redención de pena contemplados en la Ley 65 de 1993 y la Ley 2466 de 2025.
De acuerdo con el Código Penitenciario y Carcelario, este tipo de programas buscan promover la resocialización a través del estudio o el trabajo. Barrera aprovechó ese espacio para emprender un pequeño proyecto de artesanías junto a otras internas, en un intento por transformar su tiempo en una herramienta productiva y con propósito.
El resultado, sin embargo, fue más limitado de lo esperado: según explicó su abogado, la reducción obtenida en su condena fue de apenas 25 a 27 días, lo que ni siquiera alcanzó un mes. Bernate calificó este beneficio como “simbólico”, al tiempo que resaltó las dificultades del sistema penitenciario para que estas iniciativas tengan un impacto real en la vida de las reclusas.
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Aun así, la experiencia de Epa Colombia vuelve a poner en evidencia la resiliencia que la ha caracterizado como figura pública. De vendedora de keratinas en redes sociales a empresaria reconocida, y ahora en medio de un proceso judicial, Barrera ha sabido apostar por el trabajo como motor de cambio.
¿Petro empeoró situación de Epa Colombia por estas declaraciones?
El caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, dio un nuevo giro con su traslado de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá a una guarnición militar. La medida, según explicó su abogado Francisco Bernate, respondió a un ambiente carcelario cada vez más hostil, alimentado por las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa.
En entrevista con Blu Radio, Bernate aseguró que los pronunciamientos de las más altas autoridades del país sobre el caso de su clienta provocaron reacciones negativas dentro del penal. “Cada vez que el presidente de la República o el ministro de Defensa hablaron de esta situación en los consejos de ministros, obviamente las restantes reclusas no toman eso como algo muy positivo. La reacción puede ser precisamente la contraria: ‘¿Por qué usted sí y nosotros no?’”, afirmó.
Barrera, condenada por actos vandálicos durante las protestas sociales de 2019, permanecía en El Buen Pastor, uno de los centros de reclusión femenina más conocidos del país. Sin embargo, su creciente exposición mediática —impulsada en gran medida por las menciones presidenciales— generó tensiones internas y afectó su permanencia en el penal.
De acuerdo con Bernate, la empresaria enfrentaba aislamiento, restricciones para recibir visitas familiares, falta de acceso a atención médica y la imposibilidad de ingresar a los cursos de peluquería que había solicitado como parte de su proceso de resocialización. Estos factores, sumados al rechazo entre algunas reclusas, llevaron a su defensa a solicitar un traslado.
“Tal vez lo mejor era que ella estuviera en otro lugar, porque esa visibilidad y el estar permanentemente en boca ni más ni menos que del presidente de la República, pues obviamente al interior de una institución como una cárcel no eran situaciones bienvenidas”, añadió el jurista.
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A diferencia de otros casos, el traslado de Barrera no fue ordenado por un juez, sino autorizado por el Ministerio de Justicia y el Inpec, tras una evaluación interna que concluyó que su permanencia en El Buen Pastor representaba un riesgo para su integridad física y emocional.
La nueva ubicación de la empresaria es la Escuela de Carabineros en Bogotá, un centro administrado por la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ministerio de Defensa, destinado a casos especiales en los que se prioriza la seguridad de los internos.
La figura de Epa Colombia ha estado marcada por la controversia desde su irrupción en la opinión pública: primero, por su condena tras la destrucción de propiedad pública en 2019; después, por su transformación en empresaria del sector de la belleza; y más recientemente, por la intensa exposición mediática que acompaña cada paso de su proceso judicial.
