Veinte años después de que el Consejo de Bogotá declarara como “reserva forestal y zona verde de uso público” dos predios ubicados sobre la carrera séptima entre calles 94 y 96, limítrofe con los cerros orientales de la capital, de casi 30 hectáreas, el Distrito aún no ha hecho los trámites para convertir este espacio en un sitio de disfrute para los capitalinos.
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La situación no es sencilla. Aunque este sitio es supuestamente de “uso público”, pertenece a dos sociedades particulares -Sierras del Chicó y Chicó Oriental 2-, es decir, aún son privadas. Sin embargo, en estos predios no se puede realizar construcciones ni ser cedidos a nadie que no sea el Distrito, según lo determinó el Consejo de Estado.
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“Estoy cansada de las promesas de los políticos que quedan en la nada. La calidad de vida de los Bogotanos no es una promesa vacía. Nosotros podemos hacer realidad este parque para nuestra ciudad, en donde miles de personas podrán disfrutar de la naturaleza, harán ejercicio, montarán en bicicleta, compartirán con sus mascotas, pasearán en familia y podrán gozar del placer de haber exigido lo que por derecho nos pertenece”, dice Tatiana Rubianogroot en su petición ante plataforma social de cambio Change.org, que completa más de 1.200 firmas de apoyo.
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Un grupo de ciudadanos presentó una acción popular que pretende proteger el derecho colectivo al uso público de esta reserva para los bogotanos. Aunque no se podrá modificar el lugar, se pueden construir linderos y sería un lugar de interés para quienes disfrutan de las caminatas, la naturaleza y el aire libre.
“Este espacio pertenece a todos los ciudadanos, pero ahora es una guarida de ladrones”, dijo a KienyKe.com, Laura Matiz, una de las promotoras de la iniciativa que se promueve en redes sociales con el hashtag #ExijoMiParque.
El accionista principal de las dos sociedades mencionadas es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), entidad del Gobierno que tiene la labor de preservar la confianza de los ahorradores en el sistema financiero. En otras palabras, “la mayor parte del dinero son recursos públicos”, explicó Marcela Monroy, otra de las promotoras.
En respuesta a la petición en Change.org, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad, propuso una mesa de trabajo entre Planeación Distrital y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para analizar la situación. “Si están de acuerdo nombren unos representantes y nos encontramos para escuchar la petición”, respondió la funcionaria.
De acuerdo con lo expuesto en la acción popular, de no fallarse con prontitud se correría el riesgo que los bogotanos nunca disfruten de esta reserva forestal: “Es urgente que se dé trámite a la presente acción popular, especialmente a las medidas cautelares que se solicitarán, pues existe una amenaza inminente para los derechos colectivos de la ciudadanía y para el patrimonio público de Fogafin, en tanto la Dian está adelantando un proceso de cobro coactivo, en el que ya se cuenta con un avalúo para rematar el inmueble de Chicó Oriental No. 2, con lo cual se cerraría la posibilidad a los ciudadanos de Bogotá de acceder al parque al que tienen derecho desde 1995”.
"No hay plata"
Pese que el Distrito no ha negado su responsabilidad en los predios, ninguno de los últimos gobiernos distritales desde 1995 ha estado interesado en llegar a un acuerdo económico -que podría ascender más de 130 mil millones de pesos- con las sociedades que están en liquidación y por el momento tienen su propiedad.
"No es excusa que digan que no existe dinero para este fin. Así como existe dinero para diversos programas, se debe cumplir con este derecho colectivo de la ciudadanía. En 20 años es el colmo que no haya sido ingresado este rubro -para el arreglo con los propietarios- en el presupuesto distrital", explicó Luis Felipe Vergara, uno de los firmantes de la acción popular.
En próximos días algunos ciudadanos junto con sociedades ecologistas realizarán una caminata y plantón para exigir el cumplimiento del acuerdo 22 de 1995, hecho bajo la administración del entonces alcalde Jaime Castro. El acuerdo ha sido ratificado sin resultados en todos planes de ordenamiento territorial.
“Sabemos que tenemos la ley a nuestra favor. Pero lo que queremos es ejercer presión para que la justicia actúe con rapidez y ordene lo dispuesto hace 20 años”, reiteró Matiz.
Un lío de 35 años
En 1978 los dueños le dijeron al Distrito que comprara el terreno o si no que los dejara urbanizar. Pedían $25.000 millones.
En febrero de 1994 Planeación negó la licencia de construcción.
En octubre de 1994 los dueños proponen donar el 86 por ciento de los terrenos al Distrito a cambio de que los dejen edificar en el resto del predio. La alcaldía rechaza la propuesta. Los propietarios piden al Distrito una indemnización de $ 55.000 millones.
En diciembre de 1994 el alcalde Jaime Castro firma una resolución en la que el predio pasa a ser reserva forestal.
En 1995 el Concejo establece que esa zona es de reserva forestal.
En 1996 el Consejo de Estado conceptuó que el Distrito debe comprar los terrenos a precio de parque y no como si fuera área residencial.
En julio de 1996 el entonces alcalde Antanas Mockus dice que los propietarios deben por impuesto predial más de lo que el Distrito va a pagar por los terrenos.
[youtube width="549" height="366"]https://www.youtube.com/watch?v=9tTRS8vzmkw&feature=youtu.be[/youtube]
El accionista principal de las dos sociedades mencionadas es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), entidad del Gobierno que tiene la labor de preservar la confianza de los ahorradores en el sistema financiero. En otras palabras, “la mayor parte del dinero son recursos públicos”, explicó Marcela Monroy, otra de las promotoras.
En respuesta a la petición en Change.org, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad, propuso una mesa de trabajo entre Planeación Distrital y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para analizar la situación. “Si están de acuerdo nombren unos representantes y nos encontramos para escuchar la petición”, respondió la funcionaria.
De acuerdo con lo expuesto en la acción popular, de no fallarse con prontitud se correría el riesgo que los bogotanos nunca disfruten de esta reserva forestal: “Es urgente que se dé trámite a la presente acción popular, especialmente a las medidas cautelares que se solicitarán, pues existe una amenaza inminente para los derechos colectivos de la ciudadanía y para el patrimonio público de Fogafin, en tanto la Dian está adelantando un proceso de cobro coactivo, en el que ya se cuenta con un avalúo para rematar el inmueble de Chicó Oriental No. 2, con lo cual se cerraría la posibilidad a los ciudadanos de Bogotá de acceder al parque al que tienen derecho desde 1995”.
"No hay plata"
Pese que el Distrito no ha negado su responsabilidad en los predios, ninguno de los últimos gobiernos distritales desde 1995 ha estado interesado en llegar a un acuerdo económico -que podría ascender más de 130 mil millones de pesos- con las sociedades que están en liquidación y por el momento tienen su propiedad.
"No es excusa que digan que no existe dinero para este fin. Así como existe dinero para diversos programas, se debe cumplir con este derecho colectivo de la ciudadanía. En 20 años es el colmo que no haya sido ingresado este rubro -para el arreglo con los propietarios- en el presupuesto distrital", explicó Luis Felipe Vergara, uno de los firmantes de la acción popular.
En próximos días algunos ciudadanos junto con sociedades ecologistas realizarán una caminata y plantón para exigir el cumplimiento del acuerdo 22 de 1995, hecho bajo la administración del entonces alcalde Jaime Castro. El acuerdo ha sido ratificado sin resultados en todos planes de ordenamiento territorial.
“Sabemos que tenemos la ley a nuestra favor. Pero lo que queremos es ejercer presión para que la justicia actúe con rapidez y ordene lo dispuesto hace 20 años”, reiteró Matiz.
Un lío de 35 años
En 1978 los dueños le dijeron al Distrito que comprara el terreno o si no que los dejara urbanizar. Pedían $25.000 millones.
En febrero de 1994 Planeación negó la licencia de construcción.
En octubre de 1994 los dueños proponen donar el 86 por ciento de los terrenos al Distrito a cambio de que los dejen edificar en el resto del predio. La alcaldía rechaza la propuesta. Los propietarios piden al Distrito una indemnización de $ 55.000 millones.
En diciembre de 1994 el alcalde Jaime Castro firma una resolución en la que el predio pasa a ser reserva forestal.
En 1995 el Concejo establece que esa zona es de reserva forestal.
En 1996 el Consejo de Estado conceptuó que el Distrito debe comprar los terrenos a precio de parque y no como si fuera área residencial.
En julio de 1996 el entonces alcalde Antanas Mockus dice que los propietarios deben por impuesto predial más de lo que el Distrito va a pagar por los terrenos.
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