La Rochela, un crimen que no se ha resuelto en 30 años

Centro Nacional de Memoria Histórica

La Rochela, un crimen que no se ha resuelto en 30 años

18 de enero del 2019

En la historia de violencia que ha afectado durante décadas a Colombia, 1989 es recordado como uno de los años más sangrientos. Al mensaje de optimismo que transmitió por televisión el entonces presidente Virgilio Barco Vargas el 1 de enero: “deseo que 1989 traiga tranquilidad a nuestros hogares y prosperidad a toda Colombia”, lo siguió una tragedia que volvió a despertar la zozobra en el país: el vil asesinato de 12 integrantes de una comisión judicial en el departamento de Santander.

El 18 de enero de 1989, una comisión integrada por 15 personas, entre jueces, agentes investigadores, secretarios y conductores, se dirigía al municipio de Barrancabermeja para investigar los múltiples homicidios y desapariciones que habían ocurrido en la región del Magdalena Medio, cuando un grupo de 25 hombres armados los engañó fingiendo ser guerrilleros, los ataron de pies y manos y los subieron a dos camperos, para que pareciera un secuestro, supuestamente para protegerlos del fuego cruzado con el Ejército.

En un sitio apartado en la vereda La Rochela del municipio de Simácota, los miembros de la comisión fueron asesinados dentro de los vehículos con ráfagas de fusil por los hombres armados, quienes posteriormente fueron identificados como integrantes del grupo paramilitar Los Masetos, al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘el Negro Vladimir’, con la cooperación de altos mandos militares.

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Al cumplirse 30 años de la masacre de la comisión judicial, el caso La Rochela continua en la impunidad. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló una sentencia en mayo de 2007 condenando al Estado colombiano por este crimen, las familias de las víctimas aún no saben las razones por las que se ordenó este asesinato.

Luz Nelly Carvajal, viuda de uno de los agentes de la comisión asesinados en la masacre, Yul Germán Monroy, le contó en entrevista a la Agencia Anadolu que aún no se sabe todo sobre la masacre y que los funcionarios judiciales siguen estando desprotegidos para cumplir sus labores de investigación.

“Para nosotros es importante saber por qué ocurrió la masacre, por qué la comisión fue asesinada de esa manera. Por qué el Estado colombiano ordena matar a sus agentes. Queremos saber por qué los militares querían acabar con la comisión y por qué se reunieron en varias oportunidades a planear cómo asesinarlos. Por eso no todo está dicho en La Rochela”, afirma Carvajal.

“Fueron enviados sin capacitación ni protección”

La comisión judicial, compuesta por Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán, Carlos Fernando Zapata, Virgilio Hernández Serrano, Yul Germán Monroy, Orlando Morales Cárdenas, Benhur Iván Guasca, Luis Orlando Hernández, César Augusto Morales, Gabriel Enrique Vesga, Arnulfo Mejía, Samuel Vargas Páez, Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla y Manuel Libardo Díaz fue enviada al Magdalena Medio, a sabiendas de que era una zona peligrosa y sin ningún esquema de seguridad, señala Carvajal.

Los retratos de los 12 funcionarios judiciales asesinados el 18 de enero de 1989, en la vereda La Rochela, del municipio de Simácota, Santander: Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán, Carlos Fernando Zapata, Virgilio Hernández Serrano, Yul Germán Monroy, Orlando Morales Cárdenas, Benhur Iván Guasca, Luis Orlando Hernández, César Augusto Morales, Gabriel Enrique Vesga, Arnulfo Mejía, Samuel Vargas Páez. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica – Agencia Anadolu.

“Uno de los errores grandes que cometió la Dirección Nacional (de Instrucción Criminal) es haberlos enviado sin tener la más mínima capacitación ni conocimiento de cuáles eran sus labores, por lo menos un periodo de prueba. No, de una vez se posesionaron y a comisión. Es de conocimiento público que ya había habido otras comisiones que se habían devuelto, precisamente por temor”, asegura.

En el caso de su esposo, el agente investigador Yul Germán Monroy, Carvajal relata que “inicialmente laboraba para el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y a mí se me ocurrió la gran idea de que se saliera porque era muy peligroso. Estuvo fuera del país, regresó y tuvo tres oportunidades de trabajo. Decidió ingresar a Instrucción Criminal, pasó todos los estudios y se posesionó el 2 de enero de 1989. Él laboró 16 días en la Dirección Nacional de Instrucción Criminal”.

En ese momento no existía en Colombia la Fiscalía General de la Nación, que fue creada por la Constitución de 1991. Los investigadores de crímenes y delitos atroces hacían parte de los juzgados de instrucción criminal, creados por la Ley 4ª de 1943. Las condiciones precarias para cumplir su función los ponía en un alto estado de vulnerabilidad.

Sin embargo, los agentes que hoy en día conforman el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía “somos las personas más vulnerables a que nos pase algo, a que nos asesinen, a que nos amenacen, a que nos secuestren. Mire lo que pasó con nuestros compañeros que fueron vilmente asesinados en Pasto (julio de 2018). Fue algo absurdo que no debió pasar. Iban totalmente desprotegidos”, señala Carvajal.

A raíz de lo ocurrido en la masacre de La Rochela, “la Corte es clara cuando dice que si yo no tengo las garantías para desplazarme a una comisión, puedo decir que no voy”, dice Carvajal.

30 años de impunidad

Por la masacre de La Rochela, el único condenado por la justicia fue Alonso de Jesús Baquero, alias ‘el Negro Vladimir’, a 30 años de cárcel en 1990. Pero ninguno de los autores intelectuales y demás responsables de la masacre ha sido judicializado.

Hasta los investigadores de la masacre fueron perseguidos y asesinados. El 9 de junio de 1989, Francisco Hernández Lozano, agente del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que había asumido la investigación por la masacre de los funcionarios judiciales, fue asesinado en Bogotá.

En la sentencia de la Corte IDH se indica a su vez que “durante las investigaciones por la masacre de La Rochela miembros de la fuerza pública obstaculizaron la ejecución de algunas capturas y obstruyeron la investigación”.

De hecho, la Corte llamó la atención que las autoridades no dieron seguimiento a las pruebas que vinculaban a miembros de la fuerza pública, en particular al general Farouk Yanine Díaz, en ese entonces Comandante de la II División del Ejército, quien fuera mencionado en los testimonios de Baquero y otros dos paramilitares.

Aunque el general Yanine fue detenido en octubre de 1996 por otra masacre, la de los 19 comerciantes desaparecidos en el Magdalena Medio, un año después fue exonerado por un juez militar. La Fiscalía lo llamó a indagatoria en junio de 2008 por La Rochela, pero murió de cáncer en agosto de 2009, sin definirse su situación en este caso.

“Cuando se iba a reabrir el caso de Farouk Yanine, el señor entra en su enfermedad y fallece. Ahí quedamos estancados y volvemos a lo mismo: ¿quiénes son los que tienen que pagar por el caso de la masacre de La Rochela?”, dice Carvajal.

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Y a partir del 2008, cuando era fiscal general Mario Iguarán Arana (2005-2009), “el caso ha estado prácticamente quieto. No ha pasado nada más. Que nosotros tengamos conocimiento que realmente hay una captura por el caso de La Rochela, no es cierto”, indica la funcionaria.

La preocupación hoy de los familiares y los tres sobrevivientes de la masacre de La Rochela es el cierre de los casos por vencimiento de términos: “Estamos muy tristes al saber que en septiembre del año pasado, la Fiscalía archivó el caso de dos militares, aduciendo que no hay pruebas. Es algo absurdo que después de 30 años, la Fiscalía nos venga a decir que está archivando los casos porque no hay pruebas. Entonces, si no hay pruebas, ¿cómo ‘Vladimir’ pagó una condena?”, señala Carvajal.

Esperan ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decida estudiar el informe del caso, que fue entregado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

“Creo que sería para nosotros muy satisfactorio, después de 30 años, saber que la JEP llame a las personas que se tienen que postular y que ellos nos digan la verdad. En este momento de la historia, a mí me interesa más saber qué pasó. Eso sería muy importante porque Yul Germán tenía una hija que no sabe qué pasó con su papá, porque tenía 13 meses”, concluye Carvajal.