Los dolores de cabeza de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero, no cesan. Primero le estalló el escándalo de la interventoría de un millonario contrato de concesión de suministro de Bienestarina que terminó en manos del Grupo Nule. Ahora la representante a la Cámara Ángela Robledo la acusa de convertir al ICBF en “un monstruo que sólo se ocupa de contratar, mientras que los derechos de los más pobres están en veremos”. Por esto la congresista pidió su renuncia.
Elvira Forero llegó al ICBF durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe, en 2006, y, según la representante Robledo, se ocupó de duplicar y concentrar el 80% del presupuesto sólo en algunas empresas. En palabras de Robledo, esto quiere decir que “Forero decide directamente sobre 3 billones y medio de pesos destinados a alimentar una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades”.
Robledo es enfática en señalar que el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que dejó de lado su misión. “Los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos de bajos recursos van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros”, afirmó Robledo.
La representante Ángela Robledo denunció que el ICBF se convirtió en una empresa contratista que dejó de lado su misión.
En el caso del Grupo Torrado, la congresista asegura que esta empresa monopolizó la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PNAAM). Entre 2006 y 2011, los contratos con empresas de este Grupo ascendieron a 81 mil 700 millones. El Grupo Torrado, vinculado con el senador Efraín Torrado y su hermano, el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado, estuvo involucrado en el escándalo del ‘Carrusel de la contratación’ de Bogotá. El mismo grupo contrató con la Secretaría de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones, pese a sus múltiples incumplimientos y mala calificación por parte de la Contraloría.
La pregunta que queda por resolver es ¿por qué la directora del ICBF Elvira Forero sigue contratando con los mismos operadores desde hace cinco años a pesar de las quejas de los usuarios y los reiterativos incumplimientos en términos y obligaciones que han tenido? ¿Quién protege a la directora del ICBF?
