A mediados del 2009 llegaron silenciosamente a Bogotá tres altos ejecutivos del emporio de Carlos Slim, propietario de la empresa de telefonía celular Comcel. Entre ellos estaba el Ingeniero Salvador Cortés, encargado de la filial de Comcel desde América Móvil, y su yerno, Daniel Hajj, esposo de su hija Johanna. Ambos traían la instrucción de tomar por sorpresa a la cabeza directiva de Comcel en Colombia y darle un golpe de mano.
Los emisarios citaron en el Hotel Casa Medina a Adrián Hernández, quien llevaba siete años como presidente de Comcel. La decisión estaba tomada. Hernández, junto a la vicepresidenta de Datos, Claudia Fernanda Motta; el director de prevención de fraudes, Hugo Romero, y el contratista Mauricio Freydell, serían despedidos de manera fulminante.
Sin derecho a descargos, como si los directivos mexicanos contaran con pruebas de actuaciones irregulares en contra de los funcionarios, les notificaron que la compañía interpondría acciones penales en su contra porque supuestamente habían detectado un fraude en contra de la multinacional orquestado por ellos.
Claudia Motta demandará a Comcel. Aquí junto a su esposo, Pedro Felipe Scarpetta.
Todos perdieron sus empleos y los perjuicios se extendieron al círculo de proveedores de la confianza de Hernández. Una de las principales damnificadas fue la empresa de publicidad Toro Mora Fischer, encargada de la totalidad de las campañas. La compañía facturaba cerca de $60.000 millones al año y la nueva administración, en cabeza de Juan Carlos Archila, la reemplazó por las multinacionales J.W.T y Ogilvy.
De este revolcón empresarial, además del ruido y los rumores, quedaron marchando las denuncias contra Claudia Fernanda Motta y Mauricio Freydell como supuestos protagonistas del millonario fraude. Nadie sabe por qué los demás ejecutivos no fueron cobijados por la misma denuncia.
La Fiscalía intervino las oficinas de los altos ejecutivos y confiscó sus computadores, donde supuestamente había evidencias del delito. Pero hoy, dos años después, el Juzgado 22 Penal del Circuito exoneró a Claudia Fernanda Motta y a Mauricio Freydell con el mismo argumento esgrimido por la Fiscalía tiempo atrás, en el sentido de que no hubo ningún fraude.
Ahora Claudia Fernanda y Freydell estudian con un bufete de abogados la posibilidad de interponer una millonaria demanda contra la compañía de Carlos Slim, además de un proceso penal por falsa denuncia contra los ejecutivos del gigante de las comunicaciones Comcel.
