Cuando a mediados del siglo XVI la campaña conquistadora comandada por Gonzalo Jiménez de Quezada se adentró en el altiplano cundiboyacense conoció una cultura de gente morena, adoradores del sol, la tierra, el agua y la luna; ricos en oro pero más fanáticos del maíz, al que le daban más valor que a cualquier piedra brillante. La cultura Muisca, que anidó en las mentes de la corona española la mítica existencia del Dorado, encegueció a los foráneos que prefirieron exterminar y someter a los indios que aprovechar sus saberes.
Las tribus muiscas de Cota, en las faldas del cerro Majuy, fueron desalojadas por el imperio europeo que entregó la propiedad de las tierras a la Escuela de Varones de Cota, quienes por milenios habían dominado las montañas de la Sabana.
En época republicana, 60 años después de la independencia, los tímidos muiscas que sobrevivieron al exterminio de su cultura reaparecieron para tratar de volver a su otrora hogar sagrado. Los dueños coloniales del Majuy (la Escuela de Varones) accedieron a rematar su terreno de 505 hectáreas en 1.101 pesos. Los pocos indígenas sobrevivientes reunieron todos sus dineros para recuperar la montaña, que se ofrecía a buen precio porque los vendedores desestimaban su valor simbólico. El 15 de julio de 1876 la escritura 12-73 formalizó la compra de la tierra, que aunque antes había sido suya, desde entonces fue readquirida y legalizada con un papel.
137 años más tarde, aunque la tierra siga siendo de ellos por la tradición de ese título antiquísimo y la bendición de las autoridades nacionales que les reconocen ser los últimos sobrevivientes muiscas, la historia del despojo vuelve a amenazarlos.
Particulares reclaman ser dueños del terreno donde están los templos de los muiscas de Cota.
El resguardo sólo está cercado en sus límites por la jurisdicción municipal. En su interior, ninguna casa, lote o cultivo está separado por palos ni alambres. “La tierra no la cercamos por una concepción cultural que tenemos al respecto. La tierra es de la comunidad, no de particulares. Pero la gente ajena que llega y no conoce nuestra cultura, siente que si los terrenos no están parcelados, entonces no se hace uso de la lógica ‘señor y dueño’, o sea, piensan que es de nadie”, dice el Gobernador para explicar la razón del más reciente pleito que podría quitarles el territorio donde justamente conservan su corazón místico.
De acuerdo con él, particulares que incluso serían externos al cabildo, decidieron vender porciones de tierra bajo títulos fraudulentos a particulares. En abril de 1994 se formalizó la transacción de un terreno posiblemente superior a dos hectáreas a favor de Ricardo Páez Ruiz, quien de alguna forma se convirtió entonces en el dueño de los templos y centros ceremoniales de todo el resguardo muisca. Si bien este es el proceso que más aterra a los nativos, hay otras causas que podrían amputar decenas de hectáreas de la tierra ancestral.
Al comprador de esos terrenos jamás lo han visto en Cota
De Ricardo Páez Ruiz, el supuesto nuevo dueño de la porción más sagrada del resguardo muisca de Cota, nadie sabe nada. KienyKe.com ha tratado de localizarlo a él o a sus abogados para saber de quién se trata, si acaso fue víctima de alguna estafa o si estaría interesado en renegociar su adquisición con los lugareños para evitarles el daño que denuncian. Sin embargo, esto no ha sido posible.
El gobernador de los indígenas, José Pereira, dice tampoco haber visto a su contraparte. “No lo conocemos. Quienes han estado en algunas diligencias son sus representantes y abogados. En el pueblo tampoco lo distinguen; de pronto es de Bogotá”, dijo
.
El gobernador muisca, José Pereira, denuncia una amenaza para la permanencia cultural de su resguardo.
Este medio digital habló con el alcalde de Cota, Campo Alexander Prieto, para saber si él había tenido la oportunidad de conocer a Páez. El dirigente municipal, que ha hecho permanente seguimiento de este caso, dijo: “No tengo el placer de conocerlo. He escuchado que no es de aquí del municipio. Tampoco sé que intereses pudieran tener para adquirir ese lote”.
Lo cierto es que Páez Ruiz adquirió ese terreno mediante escritura pública No. 957, de manos de Nereo Triviño Jiménez, que según las autoridades indígenas no hace parte de su comunidad. “Nosotros no le hemos vendido a nadie. Que nos muestre un documento donde diga que la comunidad indígena vendió parte de su tierra”, dijo Pereira.
El alcalde de Cota asegura que es bien conocida una de las reglas del resguardo, la cual impide que los predios que el cabildo cede a sus comuneros sean vendidas a particulares, porque incluso no les entregan un título de propiedad sino una autorización cultural.
Sin embargo, los títulos obtenidos por algunos particulares como Páez tienen la legalidad suficiente, aunque sean contradictores de un documento más antiguo: la escritura de 1876. El territorio que exigen los abogados de Páez está enclavado dentro del resguardo y presenta irregularidades en la delimitación de sus predios como constató recientemente la justicia.
No obstante, los ajenos a la tierra muisca han recurrido a insistentes pleitos jurídicos buscando obtener el terreno comprado. En una primera solicitud ante un juez de Funza, el demandante Páez obtuvo la victoria. La apelación indígena acudió al Tribunal de Cundinamarca y resultó favorable a los nativos. Finalmente, la casación realizada por la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia terminó dándole la razón a Páez, según la sentencia conocida por KienyKe.com. Bajo este propósito, el desalojo estaba pactado para el 25 de marzo.
El día del desalojo
La diligencia estaba pactada para las 10 de la mañana. La orden era desalojar los terrenos reclamados por Páez, que incluían el complejo de edificaciones sagradas llamado Tchunsuá. En el lugar hay templos en forma de malocas; los sitios donde se realiza el círculo de la palabra, las piedras milenarias con los mensajes de los ancestrales muiscas y los salones de atención con medicina indígena. La comunidad entera decidió impedir el eventual despojo.
Algunos días antes se habían declarado en minga permanente. El pueblo se trasteó al Tchunsuá y movieron un gigantesco tronco sobre la vía de acceso al cabildo. Llegaron curiosos e indignados de Bogotá, que se unieron a la resistencia. Al menos cuatro días de vigilia incesante en el ombligo del cerro Majuy, acompañando ritos, cantos y charlas sobre la humanidad, con tragos de chicha que ellos mismos cocinaban allí, y el mambeo de tabaco que solo practican los mayores.
Los comuneros del cabildo se declararon en minga una semana antes del desalojo. Resistieron desde entonces en el territorio que les sería expropiado.
El martes temprano, antes del arribo de los jueces, llegaron autoridades nacionales y locales, representantes de las organizaciones indígenas de Colombia, delegados de derechos humanos y medios de comunicación. Los muiscas estaban decididos a evitar el desahucio. La justicia y la policía solamente buscaban cumplir una orden legal.
Hacia las 11 de la mañana, cuando los peritos comenzaban la diligencia, esta debió ser suspendida. La orden de desalojo no era clara sobre el terreno que supuestamente ya no era de los muiscas. La alcaldía intervino y solicitó la suspensión del lanzamiento ante tan abrupta irregularidad. “Los linderos que estaban incluidos en el papel no eran acertados ni coincidían con el terreno, así que no se podía vislumbrar de donde a donde era el predio reclamado”, explicó el alcalde de Cota.
“¿Qué demostró eso? Pues que nunca compraron nuestro terreno, porque ni siquiera sabían qué tierras eran las que pedían. Querían pasar por encima de nuestros derechos fundamentales”, reflexionó el gobernador indígena José Pereira quien, no obstante, consideró que el proceso no ha concluido, sino que fue aplazado hasta que se haga la respectiva aclaración de linderos.
El juzgado local reconoció la falla y solicitó al Incoder que adelante con prontitud el proceso de clarificación de dicha propiedad. Este acto sólo le da tiempo a los residentes para seguir exigiendo su reconocimiento, porque en pocos meses podrían volver a ser sorprendidos con una nueva orden de desalojo.
"Quieren desterrarnos por segunda vez, desaparecernos"
Los pobladores del territorio indígena de Cota han sido cuestionados, especialmente por poderes industriales y urbanizadores, de ocupar una zona amparados bajo una reivindicación de sobrevivientes indígenas aunque no vivan como los nativos de antaño. En otras palabras, para algunas personas los residentes del lugar no son muiscas verdaderos porque no visten con taparrabos o cargan con coronas de plumas en sus cabezas.
El antropólogo Luis Eduardo Wiesner, etnógrafo e investigador de comunidades muiscas, reconoce que este pueblo, como muchos otros nativos del país, “fueron integrados y transformados en gran medida por la occidentalización actual, pero conservaron la identidad y cultura ancestral”. Además recuerda que “hasta los 70, la gente de Bogotá y la Sabana hablaba de los ‘indios de Cota’. Sus formas de vida son similares a otros campesinos, pero por muchos rasgos rememoraban a los indígenas”.
Coincide el experto y docente universitario con estudios del Instituto Colombiano de Antropología que reconoce en los asentados en el cerro Majuy “una población que, aunque haya sido objeto de mestizaje, conserva la tradición muisca, y cuyos miembros desde el punto de vista étnico conservan una identidad –desde padre o madre- como raizales y nativos de Cota”.
El abuelo muisca insiste que sus antepasados vivieron siempre en las tierras de Cota, especialmente en el Majuy. Dice que solo reclaman la tierra que les permite su supervivencia.
Similar postura tiene el Ministerio del Interior, cuyo vocero Pedro Santiago Posada dijo a KienyKe.com que el Gobierno Nacional “ofrece apoyo” a los muiscas de Cota en cuanto les compete: con asesoría jurídica y el respaldo de reconocerlos como “comunidad indígena legítima”.
“Pedimos al juez que detuviera el desalojo hasta que no se determine la aclaración que debe hacer el Incoder (sobre el terreno). Y pusimos de manifiesto que en caso de comunidades indígenas no se puede hacer el desalojo sin haber un programa de reubicación en caso de haber familias afectadas”, añadió el Director de Asuntos Indígenas de la Nación.
El Incoder tiene en sus manos la última palabra para solucionar este pleito y los otros tantos que cursan contra terrenos de la comunidad de Cota. Incoder dice que está a la espera de un informe definitivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en dicha institución prometieron dar respuesta pronto a esta consulta.
“Nosotros no estamos exigiendo nada que no sea nuestro. No estamos invadiendo a nadie. No estamos pretendiendo cosas que no nos corresponde. Ellos nunca han puesto siquiera un árbol en estas tierras; nunca han estado aquí. Quieren ganar con un papel, no más”, advierte con preocupación el gobernador indígena, José Pereira, quien dice que de perder territorio sus pobladores serían víctimas de desplazamiento, en pleno siglo XXI, cuando existen normas internacionales que protegen sus derechos.
Agrega que estarían dispuestos a recurrir a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para defender su caso si pierden ante la justicia colombiana.
“Nos hace muiscas el hecho de haber nacido en este territorio. El hecho de estar conectados a una historia y conservar el legado que los abuelos nos dejaron. Antes nos tocó escondernos, porque si no nos exterminaban. Ahora quieren desterrarnos de nuevo, desaparecernos”, dice el vocero muisca en un llamado al mundo para que proteja a los últimos sobrevivientes del extinto imperio que por siglos tuvo su hogar en el centro de la actual Colombia.
Twitter: @david_baracaldo
Sus tierras son apetecidas por urbanizadores y personas adineradas de Bogotá
La comunidad indígena muisca de Cota está asentada a escasos 10 minutos del parque principal del municipio, y a menos de 50 minutos en carro desde la salida occidental de Bogotá. Del resguardo hacen parte casi 2.800 personas, aunque de ellas, 1.400 viven dentro del territorio ancestral (505 hectáreas en el borde del cerro Majuy), y el resto prefirió convivir dentro del pueblo porque allí tienen sus trabajos, han formalizado nuevas familias o les queda cerca para cumplir labores en la capital. Los más ancianos dentro de la comunidad muisca viven de la agricultura, especialmente del cultivo ancestral maíz. Los niños y jóvenes herederos de este linaje estudian en el colegio Ubamux, que en lengua chibcha traduce “Casa de la semilla”, y en el que desde hace 18 años se enseña a los nativos matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, pero sobre todo mitología ancestral, medicina indígena, artesanías, y lo poco que se ha recuperado de la lengua chibcha. Periódicamente los muiscas se reúnen en sus templos sagrados alrededor de las rocas que celosamente sus ancestros les regalaron con mensajes, pictogramas y secretos que solamente ellos pueden entender y venerar. Este, junto con la naturaleza del cerro, son el único y a la vez mayor tesoro de los indígenas de Cota. Ese espacio donde se asientan sus sitios de ritual está en riesgo de ser arrebatado por particulares. El gobernador de la comunidad, José Pereira, explicó a KienyKe.com que desde mediados del siglo pasado los terrenos de Cota comenzaron a hacerse agua en la boca de urbanizadores de Bogotá. El pueblo es un territorio lleno de riqueza natural, tranquilidad, seguridad acuífera y alimentaria y muy cerca a la gran ciudad. El valor del terreno se ha disparado y constructoras se han apropiado de tierras planas y planean hacer lo mismo en la montaña, que para los muiscas es una deidad.
Particulares reclaman ser dueños del terreno donde están los templos de los muiscas de Cota.
El resguardo sólo está cercado en sus límites por la jurisdicción municipal. En su interior, ninguna casa, lote o cultivo está separado por palos ni alambres. “La tierra no la cercamos por una concepción cultural que tenemos al respecto. La tierra es de la comunidad, no de particulares. Pero la gente ajena que llega y no conoce nuestra cultura, siente que si los terrenos no están parcelados, entonces no se hace uso de la lógica ‘señor y dueño’, o sea, piensan que es de nadie”, dice el Gobernador para explicar la razón del más reciente pleito que podría quitarles el territorio donde justamente conservan su corazón místico.
De acuerdo con él, particulares que incluso serían externos al cabildo, decidieron vender porciones de tierra bajo títulos fraudulentos a particulares. En abril de 1994 se formalizó la transacción de un terreno posiblemente superior a dos hectáreas a favor de Ricardo Páez Ruiz, quien de alguna forma se convirtió entonces en el dueño de los templos y centros ceremoniales de todo el resguardo muisca. Si bien este es el proceso que más aterra a los nativos, hay otras causas que podrían amputar decenas de hectáreas de la tierra ancestral.
Al comprador de esos terrenos jamás lo han visto en Cota
De Ricardo Páez Ruiz, el supuesto nuevo dueño de la porción más sagrada del resguardo muisca de Cota, nadie sabe nada. KienyKe.com ha tratado de localizarlo a él o a sus abogados para saber de quién se trata, si acaso fue víctima de alguna estafa o si estaría interesado en renegociar su adquisición con los lugareños para evitarles el daño que denuncian. Sin embargo, esto no ha sido posible.
El gobernador de los indígenas, José Pereira, dice tampoco haber visto a su contraparte. “No lo conocemos. Quienes han estado en algunas diligencias son sus representantes y abogados. En el pueblo tampoco lo distinguen; de pronto es de Bogotá”, dijo
.El gobernador muisca, José Pereira, denuncia una amenaza para la permanencia cultural de su resguardo.
Este medio digital habló con el alcalde de Cota, Campo Alexander Prieto, para saber si él había tenido la oportunidad de conocer a Páez. El dirigente municipal, que ha hecho permanente seguimiento de este caso, dijo: “No tengo el placer de conocerlo. He escuchado que no es de aquí del municipio. Tampoco sé que intereses pudieran tener para adquirir ese lote”.
Lo cierto es que Páez Ruiz adquirió ese terreno mediante escritura pública No. 957, de manos de Nereo Triviño Jiménez, que según las autoridades indígenas no hace parte de su comunidad. “Nosotros no le hemos vendido a nadie. Que nos muestre un documento donde diga que la comunidad indígena vendió parte de su tierra”, dijo Pereira.
El alcalde de Cota asegura que es bien conocida una de las reglas del resguardo, la cual impide que los predios que el cabildo cede a sus comuneros sean vendidas a particulares, porque incluso no les entregan un título de propiedad sino una autorización cultural.
Sin embargo, los títulos obtenidos por algunos particulares como Páez tienen la legalidad suficiente, aunque sean contradictores de un documento más antiguo: la escritura de 1876. El territorio que exigen los abogados de Páez está enclavado dentro del resguardo y presenta irregularidades en la delimitación de sus predios como constató recientemente la justicia.
No obstante, los ajenos a la tierra muisca han recurrido a insistentes pleitos jurídicos buscando obtener el terreno comprado. En una primera solicitud ante un juez de Funza, el demandante Páez obtuvo la victoria. La apelación indígena acudió al Tribunal de Cundinamarca y resultó favorable a los nativos. Finalmente, la casación realizada por la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia terminó dándole la razón a Páez, según la sentencia conocida por KienyKe.com. Bajo este propósito, el desalojo estaba pactado para el 25 de marzo.
El día del desalojo
La diligencia estaba pactada para las 10 de la mañana. La orden era desalojar los terrenos reclamados por Páez, que incluían el complejo de edificaciones sagradas llamado Tchunsuá. En el lugar hay templos en forma de malocas; los sitios donde se realiza el círculo de la palabra, las piedras milenarias con los mensajes de los ancestrales muiscas y los salones de atención con medicina indígena. La comunidad entera decidió impedir el eventual despojo.
Algunos días antes se habían declarado en minga permanente. El pueblo se trasteó al Tchunsuá y movieron un gigantesco tronco sobre la vía de acceso al cabildo. Llegaron curiosos e indignados de Bogotá, que se unieron a la resistencia. Al menos cuatro días de vigilia incesante en el ombligo del cerro Majuy, acompañando ritos, cantos y charlas sobre la humanidad, con tragos de chicha que ellos mismos cocinaban allí, y el mambeo de tabaco que solo practican los mayores.
Los comuneros del cabildo se declararon en minga una semana antes del desalojo. Resistieron desde entonces en el territorio que les sería expropiado.
El martes temprano, antes del arribo de los jueces, llegaron autoridades nacionales y locales, representantes de las organizaciones indígenas de Colombia, delegados de derechos humanos y medios de comunicación. Los muiscas estaban decididos a evitar el desahucio. La justicia y la policía solamente buscaban cumplir una orden legal.
Hacia las 11 de la mañana, cuando los peritos comenzaban la diligencia, esta debió ser suspendida. La orden de desalojo no era clara sobre el terreno que supuestamente ya no era de los muiscas. La alcaldía intervino y solicitó la suspensión del lanzamiento ante tan abrupta irregularidad. “Los linderos que estaban incluidos en el papel no eran acertados ni coincidían con el terreno, así que no se podía vislumbrar de donde a donde era el predio reclamado”, explicó el alcalde de Cota.
“¿Qué demostró eso? Pues que nunca compraron nuestro terreno, porque ni siquiera sabían qué tierras eran las que pedían. Querían pasar por encima de nuestros derechos fundamentales”, reflexionó el gobernador indígena José Pereira quien, no obstante, consideró que el proceso no ha concluido, sino que fue aplazado hasta que se haga la respectiva aclaración de linderos.
El juzgado local reconoció la falla y solicitó al Incoder que adelante con prontitud el proceso de clarificación de dicha propiedad. Este acto sólo le da tiempo a los residentes para seguir exigiendo su reconocimiento, porque en pocos meses podrían volver a ser sorprendidos con una nueva orden de desalojo.
"Quieren desterrarnos por segunda vez, desaparecernos"
Los pobladores del territorio indígena de Cota han sido cuestionados, especialmente por poderes industriales y urbanizadores, de ocupar una zona amparados bajo una reivindicación de sobrevivientes indígenas aunque no vivan como los nativos de antaño. En otras palabras, para algunas personas los residentes del lugar no son muiscas verdaderos porque no visten con taparrabos o cargan con coronas de plumas en sus cabezas.
El antropólogo Luis Eduardo Wiesner, etnógrafo e investigador de comunidades muiscas, reconoce que este pueblo, como muchos otros nativos del país, “fueron integrados y transformados en gran medida por la occidentalización actual, pero conservaron la identidad y cultura ancestral”. Además recuerda que “hasta los 70, la gente de Bogotá y la Sabana hablaba de los ‘indios de Cota’. Sus formas de vida son similares a otros campesinos, pero por muchos rasgos rememoraban a los indígenas”.
Coincide el experto y docente universitario con estudios del Instituto Colombiano de Antropología que reconoce en los asentados en el cerro Majuy “una población que, aunque haya sido objeto de mestizaje, conserva la tradición muisca, y cuyos miembros desde el punto de vista étnico conservan una identidad –desde padre o madre- como raizales y nativos de Cota”.
El abuelo muisca insiste que sus antepasados vivieron siempre en las tierras de Cota, especialmente en el Majuy. Dice que solo reclaman la tierra que les permite su supervivencia.
Similar postura tiene el Ministerio del Interior, cuyo vocero Pedro Santiago Posada dijo a KienyKe.com que el Gobierno Nacional “ofrece apoyo” a los muiscas de Cota en cuanto les compete: con asesoría jurídica y el respaldo de reconocerlos como “comunidad indígena legítima”.
“Pedimos al juez que detuviera el desalojo hasta que no se determine la aclaración que debe hacer el Incoder (sobre el terreno). Y pusimos de manifiesto que en caso de comunidades indígenas no se puede hacer el desalojo sin haber un programa de reubicación en caso de haber familias afectadas”, añadió el Director de Asuntos Indígenas de la Nación.
El Incoder tiene en sus manos la última palabra para solucionar este pleito y los otros tantos que cursan contra terrenos de la comunidad de Cota. Incoder dice que está a la espera de un informe definitivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en dicha institución prometieron dar respuesta pronto a esta consulta.
“Nosotros no estamos exigiendo nada que no sea nuestro. No estamos invadiendo a nadie. No estamos pretendiendo cosas que no nos corresponde. Ellos nunca han puesto siquiera un árbol en estas tierras; nunca han estado aquí. Quieren ganar con un papel, no más”, advierte con preocupación el gobernador indígena, José Pereira, quien dice que de perder territorio sus pobladores serían víctimas de desplazamiento, en pleno siglo XXI, cuando existen normas internacionales que protegen sus derechos.
Agrega que estarían dispuestos a recurrir a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para defender su caso si pierden ante la justicia colombiana.
“Nos hace muiscas el hecho de haber nacido en este territorio. El hecho de estar conectados a una historia y conservar el legado que los abuelos nos dejaron. Antes nos tocó escondernos, porque si no nos exterminaban. Ahora quieren desterrarnos de nuevo, desaparecernos”, dice el vocero muisca en un llamado al mundo para que proteja a los últimos sobrevivientes del extinto imperio que por siglos tuvo su hogar en el centro de la actual Colombia.
Twitter: @david_baracaldo
