La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión clave en el proceso judicial que se adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle Aguas, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Corte decidió mantener la medida de aseguramiento intramural contra Calle, quien permanece recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Según la decisión, el fundamento de la medida —el peligro que representa para la comunidad— continúa vigente, pese a que Calle renunció a su curul en el Congreso. La Sala explicó que el riesgo no dependía exclusivamente de su condición de congresista, sino de la gravedad de las conductas imputadas, relacionadas con el presunto uso indebido de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables en La Guajira.
“El peligro para la comunidad persiste, dada la naturaleza del delito y la magnitud de los recursos comprometidos”, señala el auto emitido por la Corte.
Los cargos y el contexto del escándalo
Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, y Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado, son procesados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
De acuerdo con la investigación, ambos excongresistas habrían recibido millonarios sobornos provenientes de la UNGRD a cambio de favorecer la aprobación de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Legislativo.
La decisión de llevarlos a juicio se basó en declaraciones, interceptaciones y pruebas técnicas recolectadas por el despacho del magistrado instructor Francisco Farfán, quien encontró indicios suficientes para continuar el proceso penal.
“La Sala consideró que hay elementos que justifican el juicio contra los procesados”, informó la Corte Suprema.
Los detalles de los presuntos sobornos
Según la Fiscalía, Iván Name habría recibido $3.000 millones entregados por la entonces consejera presidencial Sandra Liliana Ortiz, por orden del exdirector del DAPRE Carlos Ramón González.
En el caso de Andrés Calle, el monto ascendería a $1.000 millones, dinero que —según las pesquisas— habría salido de la contratación irregular dentro de la UNGRD y fue entregado directamente por el exsubdirector Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos del caso.
Ambos excongresistas fueron capturados el pasado 7 de mayo de 2025 y permanecerán detenidos de manera preventiva mientras avanza el juicio.
Próximos pasos judiciales
Con esta determinación, el expediente pasa a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se desarrollará el juicio formal. De ser hallados culpables, Calle y Name podrían enfrentar penas de prisión de hasta 12 años y sanciones económicas por los montos indebidamente apropiados.
