En el fallo el Procurador tuvo en cuenta grabaciones, declaraciones de funcionarios y contratistas, así como documentos que prueban la injerencia del contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y del ex congresista Germán Olano en irregularidades en la contratación y  el recibo de pagos por parte del Grupo Nule.

La Procuraduría le dio plena legalidad a una grabación revelada por Caracol Radio, en la que aparece el ex representante Germán Olano hablando con Miguel Nule, en donde el primero manifiesta la presunta molestia del Contralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Russi, por la falta de unos pagos a su favor a cambio de no abrir investigación por las fallas en el contrato que desarrollaba ese grupo en la llamada Fase III de Transmilenio en la calle 26 de Bogotá.

Según el Procurador en la grabación se escucha a Olano como “un sujeto activo de la conducta ilícita”.

El funcionario también acogió las pruebas que muestran que en el contrato de Transmilenio que se le otorgó a los Nule ellos entregarían 1,750 millones de pesos para el contratista Julio Gómez y 1.750 millones al ex congresista Germán Olano, por sus oficios en la adjudicación de la obra a los Nule.

En el fallo la Procuraduría se refirió también a la necesidad de los Nule, en 2008, de obtener otros contratos relativos a la malla vial de Bogotá por 22.000 millones de pesos. Para ello, dicen las pruebas, los miembros del Grupos Nule organizaron reuniones con el contratista Julio Gómez, que serviría de puente para alcanzar la millonaria contratación. Se reunieron con él en el apartamento del ex representante Olano.

Según la investigación, con los anticipos de esos contratos se pagarían coimas. En el expediente queda claro que el contralor Moralesrussi participó en la trama enviando cartas al IDU, donde asegura que la entidad debía desembolsar los anticipos. Su intención era, según el fallo, obtener un pago por 2% de esos contratos

“Se probó que el Contralor fue protagonista de al menos cuatro reuniones con miembros del Grupo Nule, aspecto que no puede pasar inadvertidos y que probarían el pago de intereses sobre la contratación. “En el ‘carrusel’ hubo una trama delincuencial”, dijo el alto funcionario en su exposición.

En conclusión, la Procuraduría le endilgó a los dos funcionarios dos cargos: concusión (exigir dinero a cambio de hacer u omitir alguna función asignada a un servidor público) e incremento patrimonial de las finanzas personales. En el caso de Moralesrussi su patrimonio creció en 334 millones durante los años 2008 y 2010. Mientras que a Olano se le demostró un incremento en el mismo periodo de 123 millones de pesos, además de omitir la declaración de sus bienes durante los años 2007 y 2010.

Moralesrussi  fue  sancionado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, mientras que Olano fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado a quince años. Los dos tienen la posibilidad de apelar el fallo ante el propio despacho del Procurador.