A pasos lentos la justicia ha ido aportando al esclarecimiento de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 35 años, cuando el país vio arder el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar a causa de la toma por parte de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por cuenta del Ejército Nacional.
Ese día, 28 hombres del comando Iván Marino Ospina del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia en medio de una acción guerrillera conocida como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre con 350 rehenes entre funcionarios, magistrados, trabajadores y visitantes que se encontraban dentro del edificio.
Su cometido: realizar un juicio político al presidente Belisario Betancour, que según el movimiento armado había violado el cese al fuego entre el 23 y 24 de agosto de 1984. Pues hasta ese momento el Ejército, en una afrenta casi personal con la guerrilla, no había parado el asedio militar contra cualquier posible militante.
Por ejemplo, meses antes, se produjo la masacre en el suroriente de Bogotá, donde fueron asesinadas 11 personas en un operativo emprendido por 246 miembros de la Policía y el Ejército que acudieron para contrarrestar el robo de un camión repartidor de leche que había sido asaltado por un grupo urbano del M-19 en el barrio Diana Turbay para repartirlo entre los habitantes de barrios de invasión en la zona alta de Usme.
Esos hechos desembocaron en otra de las rimbombantes acciones militares del M-19, como fue el Palacio de Justicia, por su relevancia nacional y atrocidad, con antecedentes de esa guerrilla como la toma de la Embajada de República Dominicana o el robo de la espada de Bolívar.
La Toma y retoma del Palacio de Justicia fue uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado colombiano. Durante 28 horas que duró la ocupación y el operativo militar, murieron 94 personas, un número indeterminado fue torturado y 11 personas resultaron desaparecidas a pesar de haber quedado registradas en video saliendo con vida del edificio.
Según determinó la Corte Suprema de Justicia en sentencia al general Jesús Armando Arias Cabrales, director del operativo de retoma del Palacio de Justicia, sobre el mediodía del 6 de noviembre el Ejército puso en marcha el Plan Tricolor 83 que estaba planificado para eventos de guerra exterior o insurrección parcial o total.
Ese plan, según la justicia, determinaba que no habría negociaciones y el objetivo era el control militar a toda costa. Por esa razón, en la tarde vehículos artillados del Ejército ingresaron por las puertas vehiculares de la carrera octava y por la puerta principal ubicada en la Plaza de Bolívar. El enfrentamiento provocó las conocidas imágenes que permanecen en la memoria nacional del edificio en llamas en un incendio que terminó por dejar a los rehenes y guerrilleros atrapados, totalmente calcinados.
Después de las 28 horas del operativo que incluso agotó la munición de los guerrilleros atrincherados aún en las ruinas del Palacio, se dio como resultado 244 sobrevivientes y la casi centena de muertos, entre los que se encontraban los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Fany González Franco, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil.
Los desaparecidos fueron: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estella Lizarazo, Luz Mary Portela León, David Suespes Celis, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola Delano.
Hasta el momento, continúan desaparecidos Irma Franco, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez y Norma Constanza Esguerra, mientras sus familiares aún esperan conocer el paradero de sus cuerpos. Así como todos los cercanos a las víctimas del Palacio de Justicia esperan conocer qué pasó durante esos dos días imborrables de 1985.
Después de 35 años las preguntas siguen vigentes, pero con mayor claridad. Ahora se sabe que los desaparecidos fueron víctimas del operativo de retoma, es decir que estuvieron en poder de los militares y después no se supo nada de ellos.
El presidente se mantuvo al margen del operativo y el Ejército convirtió el Museo de la Casa del Florero en su centro de operaciones, tortura e interrogatorio extrajudicial. El camino de los desaparecidos tras salir del Palacio es tan incierto que muchos cuerpos como el de Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela estaban en tumbas marcadas con otros nombres, incluso en ciudades distintas a Bogotá.
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Aunque Arias Cabrales fue condenado por la desaparición de tres de esas personas a 35 años de prisión, las acciones emprendidas contra las demás víctimas aún esperan claridad. En mayo de este año, el general expresó su voluntad de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano que lo acogió junto a otros funcionarios que también han buscado pista en ese tribunal. Acción que cobra relevancia porque cuenta con un profundo componente de verdad que podría aportar, finalmente, al esclarecimiento de los dolorosos hechos.
